La causa por la investigación del atentado a la AMIA es un gran agujero negro. Todo lo que la rodea termina corrompido, sujeto a dudas, vendido, comprado, plausible de ser negociado. Es la antítesis de las certezas que hace más de dos décadas reclaman los familiares de los muertos. Empezó mal, y nada indica que el vicio originario se subsane tanto tiempo después.

Explicar la lógica de la causa desde el sentido común es un esfuerzo inconducente: la causa es el reino del revés relatado en cientos de miles de expedientes y causas que todavía hoy se siguen abriendo. El juez y los fiscales que tenían que investigar terminaron siendo procesados por encubrimiento; un ex presidente, Carlos Saúl Menem, acusado de desviar pistas, ocupa un lugar en el Senado de la Nación; uno de los máximos dirigentes comunitarios al momento del atentado, Rubén Beraja, le dio la espalda al dolor de la colectividad y enfrenta en breve un juicio oral y público, junto con los máximos responsables de desviar la investigación, por contribuir a lo que la Justicia determinó como «un entramado para satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos».

El año 2015 recién empezó. Pero cualquiera podría ya asegurar que éste no será recordado como el año del inicio del juicio oral y público por encubrimiento. Aun si, como está establecido, finalmente empieza. La AMIA siempre es la AMIA y no extraña que haya habido récord de jueces excusados y recusados a la hora de integrar el tribunal oral, hecho que dilató el inicio del juicio.

Pero las cosas cambiaron. La muerte del fiscal Alberto Nisman, titular de la unidad más equipada del Ministerio Público, creada para investigar el atentado, lo enluta todo. Su muerte, como todo lo que satelita la causa AMIA, quedó envuelta en un mar de dudas y sospechas, y la Justicia de instrucción tiene una difícil tarea por delante, tanto sea para probar como para refutar la idea instalada en la opinión pública y en la dirigencia política: que a Nisman lo mataron. Las dilaciones en la investigación y las «sugerencias» públicas de la jueza a la fiscal respecto de pericias que no se hicieron tampoco ayudan a aclarar el panorama. Ni la resistencia de la fiscal a la posibilidad de recibir ayuda por parte de la procuradora. ¿Otra vez todos sospechan de todos?

La Presidenta de la Nación no ahorró especulaciones en las redes sociales. Primero puso el signo de interrogación a la palabra suicidio y después compartió sus dudas en cadena nacional mientras anunciaba una profunda reforma en los servicios de inteligencia que los familiares de las víctimas de la AMIA reclamaban ya desde 2005. Y a la que el propio Néstor Kirchner se había comprometido cuando asumió en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero en cadena o en Facebook, la Presidenta también se defendía: Nisman la había denunciado, tomando al Gobierno por sorpresa, como partícipe de un encubrimiento que cobró forma en un Memorándum de Entendimiento con Irán.

La sorpresa no se debió sólo al momento elegido, plena feria judicial de enero, sino a que el propio Nisman había reconocido el apoyo de la Presidenta desde los inicios de la causa. Como legisladora integrante de la comisión bicameral de seguimiento al atentado a la AMIA, en 1996, Cristina Fernández de Kirchner fue exceptuada de la acusación de encubrimiento porque no adhirió a los dictámenes de la mayoría y cuestionó con dureza la investigación. Nisman admitía que sólo durante el kirchnerismo se desclasificaron archivos secretos de la ex SIDE, la Policía, la Gendarmería y la Prefectura, se creó la Unidad AMIA y se levantó el secreto a los agentes de Inteligencia para que declararan en el juicio oral. ¿A esa misma Presidenta denunciaba como encubridora? ¿En qué momento se rompió la relación entre el fiscal y el Gobierno?

El principio del fin tiene nombre. Memorándum de Entendimiento con Irán.

«Nos jugamos la vida en esto, nuestras cabezas tienen precio, y ahora esos mismos que acusamos de ser los ideólogos del atentado se sientan a negociar», me dijo Nisman a días de haberse firmado el acuerdo. «Ni si quiera me llaman al Senado para preguntarme por qué esto es un disparate», continuó tiempo después.

El eje de la acusación de Nisman se desmoronaba con este hecho. No tenía nada más, ni nada menos, que la convicción de la responsabilidad de Irán en el atentado. Para Nisman, los autores ideológicos estaban identificados. Y cada aniversario, durante los años que encabezó la Unidad Especial, daba a conocer nuevas pruebas que a su entender respaldaban la hipótesis más fuerte sobre la que había trabajado casi obsesivamente junto con «Jaime» Stiusso, el hombre fuerte de Inteligencia, con la colaboración constante de las agencias de inteligencia de Estados Unidos e Israel. Desde el día en que se conocieron las negociaciones del canciller Héctor Timerman con Irán, Nisman se opuso a esa herramienta e hizo público su profundo malestar. Y empezó a darle forma a la idea de que alguien encubría algo. Empezó por los que se arrogaron la diplomacia paralela con Irán, Luis D’Elía y Fernando Esteche. Apareció el diputado nacional Andrés Larroque en unas escuchas y no dudó en sumarlo. Y escaló hasta responsabilizar al principal promotor del Memorándum, el canciller, y a la misma Presidenta que lo había convertido en uno de los hombres más poderosos del escenario judicial con una unidad dotada de recursos y prácticamente sin controles.

Nisman tenía decretada una pena de muerte en Irán que terminó ejecutándose en Buenos Aires. La Justicia deberá determinar si acabó con su vida por su propia voluntad o terceros decidieron por él. El modo en que su muerte impacte en la investigación por el atentado a la AMIA será, si la tiene, otra respuesta a largo plazo. Para quienes cuestionaban su trabajo, es un buen momento para cambiar la dirección de la investigación tras diez años sin avances significativos. Una posibilidad de mirar más allá de Irán, de salirse de ese chaleco de fuerza que, para algunos, limitaba la investigación desde el primer día.

Para quienes compartían su sospecha sobre Irán, con la muerte de Nisman se extinguió la posibilidad de condenar a los iraníes que eligieron la calle Pasteur al 600, en pleno Once un lunes por la mañana, para hacer estallar la bomba que sepultó 85 vidas. Aunque quien o quienes lo reemplacen continúen su línea de trabajo en la Unidad AMIA, sería imposible reconstruir sus vínculos y las fuentes de las que se nutría. 21 años después del atentado, sólo queda la memoria, activa en el recuerdo diario de sus seres queridos. De verdad y justicia, nada.

Es ingenuo pensar que este gran agujero negro, este reino del revés donde vive la causa AMIA, es producto de la desidia o el desinterés. A lo largo de dos décadas, los tres poderes del Estado fueron acusados de evitar, de una manera u otra, que la verdad salga a la luz. El Poder Judicial no fue el único responsable. El Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo. Los tres quedaron manchados. Por eso no parece haber refugio para la República. El Estado encubrió al Estado. ¿Razones? Cuando los jueces del TOF 3 declararon nulo el juicio a la AMIA en 2004, dieron parte de la respuesta: se orientó la investigación para construir una hipótesis incriminatoria. ¿Para qué? Para atender las lógicas demandas de la sociedad. Pero no fue sólo eso. No se encubrió una y otra vez, y se compró un culpable llave en mano sólo para responder a una sociedad conmocionada. «Para satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos», como afirmó, categórico, el tribunal. Oscuros intereses que variaron con los años y cuyos beneficiarios directos se han ocupado de permanecer así, 20 años después, en la oscuridad.