La financiera investigada.

Los embargos dispuestos por la justicia federal de Córdoba a 37 directivos de la financiera CBI, por presunto lavado de dinero, rozan los 1.700 millones de pesos -casi 100 millones más que lo reportado inicialmente- aclaró hoy la Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos).
El juez Miguel Vaca Narvaja hizo lugar a todas las medidas cautelares que había solicitado la UIF en la causa donde se investigan las maniobras ilícitas realizadas por CBI Cordubensis S.A., según se conoció ayer.
El titular del Juzgado Federal Nº 3 de la ciudad de Córdoba -que reemplazó a Ricardo Bustos Fierro, apartado de la causa 12162/2014- trabó embargos por 1.694 millones de pesos, y pidió se investigue los bienes de todos los imputados.
La UIF recordó hoy que había solicitado medidas cautelares a fin de detener posibles movimientos económicos realizados por quienes están siendo investigados, que provendrían de origen ilícito.
El juez Vaca Narvaja trabó embargo y dispuso la inhibición general sobre la totalidad de bienes de los imputados, a la vez que solicitó información a los Registros de la Propiedad de Córdoba y de los distintos lugares donde se encuentren los inmuebles, al igual que a los Registro del Automotor.
Requirió asimismo un informe sobre la situación patrimonial de cada uno de ellos, y prohibió su salida del país.
La causa se originó al descubrirse a comienzos de 2014 que CBI realizaba actividades de intermediación financiera no autorizada en dos sucursales ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad de Córdoba.
Allí prestaba servicios tales como alquiler de cajas de seguridad, consultoría financiera, préstamos personales, empresariales, financiamiento de inversiones y operaciones bursátiles en general, a pesar de no estar habilitada para ello.
Del mismo modo, señaló la UIF, la entidad “ofrecía actividades financieras ilegales, que habrían derivado en la evasión del impuesto a los créditos y débitos”.
El organismo estima que “lavaban dinero proveniente de la evasión de impuestos y hechos de corrupción que captaban de particulares y empresas diversas”.
El fiscal federal Enrique Senestrari identificó la utilización por parte de la financiera de un segundo sistema de registración de las operaciones realizadas, denominado “Servidor 2” o “Servidor en negro”, que habría estado localizado en un domicilio particular ajeno a la empresa.
También se descubrió la firma de varios pactos de confidencialidad con las distintas personas físicas y jurídicas con las que operaban, a los fines de impedir la revelación de las maniobras.