Durante el desalojo del predio se registraron dos muertes, las de Bernardo Salgueiro, de 22 años, y Rosemary Chura Puña, de 24, que son objeto de investigación penal en otra causa en la que aparecen imputados efectivos de la Policía Federal y Metropolitana.

El juicio contra Pérez Ojeda y Nardulli, por el presunto delito de “usurpación”, estará a cargo de la juez penal, contravencional y de faltas Cristina Lara, quien fijó el inicio del debate para el 16 de octubre.

En el rol de acusadores estarán los fiscales Luis Cevasco y Celsa Ramírez, quienes imputan a Pérez Ojeda y Nardulli haber instigado a vecinos de la villa 20 a tomar el predio y a volver al lugar dos días después de un primer desalojo.

La denuncia inicial también incluía a Alejandro Salvatierra, delegado de Villa Soldati, Noemí Ruejas y Berta Revilla, del barrio Los Piletones, y Antonio Chancalay, representante de la Villa 20.

Salvatierra y Ruejas evitaron el juicio con un acuerdo en el que se comprometieron a realizar tareas comunitarias, en tanto que Revilla y Chancalay fueron sobreseídos en la etapa sumarial.

A Chancalay también se le atribuyó haber actuado en febrero último como organizador de la toma del predio denominado “Papa Francisco”, en el barrio Lugano, por lo que, tras un “juicio abreviado”, recibió una pena de ocho meses de prisión en suspenso.