El próximo 24 de febrero comenzará, luego de 12 años, el juicio para determinar responsabilidades políticas y operativas por la represión del 20 de diciembre del 2001, que dejó en la ciudad de Buenos Aires cinco muertos y centenares de heridos y detenidos en el marco del Estado de Sitio. Unos 580 testigos declararán ante el Tribunal Oral Federal número 6. Pese a estar imputado, el ex presidente Fernando de la Rúa resultó sobreseí­do ya que la Cámara Federal de Casación, consideró legí­tima y de acuerdo a la Constitución Nacional la declaración de Estado de Sitio del dramático 19 de diciembre.

Aparte de ese sobreseimiento puntual, en el banquillo de los acusados se sentarán el ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov, e integrantes de la plana mayor de la Policí­a Federal, a cuyo frente estaba entonces el comisario Rubén Santos. El proceso judicial está circunscripto a lo ocurrido el 20 de diciembre en torno a la Plaza de Mayo y el Congreso, calles adyacentes y en cercanías del Obelisco, donde se produjeron algunos de los ataques policiales más cruentos, como el caso de Alberto Márquez.

«Se trata del caso más emblemático de la protesta social y como respuesta, la violencia extrema de la policía en un marco de excepción por el Estado de Sitio el que, dicho sea de paso, está discutido. Es un caso único y, para nosotros, sólido, así­ que tenemos muchas expectativas en alcanzar justicia para las victimas», dijo a la agencia Télam Maximiliano Medina, integrante del equipo jurí­dico del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las querellas.

Se espera que el debate dure bastante más de un año -algunas fuentes estiman que puede llegar a dos-, teniendo en cuenta que habrá dos audiencias semanales durante las que declararán los casi 600 testigos ante el tribunal integrado por José Martí­nez Sobrino, Javier Anzoátegui y Rodrigo Giménez Uriburu.

En tanto, para la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que el 20 de diciembre de 2001 perdió a Carlos «Petete» Almirón, de 24 años, el escenario del juicio «garantizará la impunidad», entre otros motivos porque el «principal responsable», De la Rúa, «fue premiado con un sobreseimiento».