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Procesan con prisión preventiva por lavado de activos a la diputada Ayala

Fue procesada por lavado de de activos y negociaciones incompatible con su cargo cuando era intendenta de Resistencia. El oficialismo no habilitó su desafuero.

Ayala fue intendenta de Resistencia.

Ayala fue intendenta de Resistencia.

La jueza federal de Resistencia, Chaco, dispuso el procesamiento con prisión preventiva de la diputada nacional Aída Ayala (UCR-Cambiemos), acusada de lavado de activos cuando ejerció como intendenta de esa ciudad. Sin embargo, no será detenida porque el oficialismo no habilitó la discusión de su desafuero, lo que implica una doble vara respecto de Julio de Vido, expulsado del recinto ante un pedido de detención.

Según trascendió, Ayala, que fue funcionaria en el Ministerio del Interior, antes de asumir como diputada nacional de Cambiemos,  fue internada en la madrugada de hoy en un sanatorio de la capital chaqueña, informaron sus allegados.

El procesamiento con prisión preventiva de Ayala fue dictado por la jueza federal Zunilda Niremperger, quien también dispuso similares medidas para el líder del Sindicato de Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo y los empresarios Carlos Huidobro y Pedro Alberto Martínez, entre otros. La misma medida fue aplicada a Alejandro Fischer, Patricia Vázquez, Rolando Javier Acuña y Fátima Rigassio, el resto de los imputados en la causa.

Fuentes judiciales precisaron que la jueza ordenó además embargos a distintas empresas bajo investigación y la inhibición general de bienes de Ayala y del resto de los procesados. Ayala, quien tenía previsto fundamentar hoy su pedido de eximición de prisión ante la Cámara Federal de Apelaciones, no pudo presentarse debido a una indisposición por la que debió ser internada en la madrugada en un sanatorio de Resistencia, indicaron allegados de la diputada.

No obstante, su abogados defensores, encabezados por el ex camarista Ricardo Gil Lavedra, presentaron una apelación documentada al tribunal de alzada.

La Cámara de Diputados tiene pendiente de definición el pedido de desafuero de Ayala formulado por la Justicia federal, sobre el que debe pronunciarse la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista Pablo Tonelli.

Afirmó además que no entiende por qué la investigación está en el ámbito de la Justicia Federal ya que hay “muchas dudas” sobre la comisión del delito de lavado de dinero que se imputa a la legisladora oficialista.

En la ampliación de la indagatoria dispuesta en el marco de esta causa, la jueza prevé apuntar al supuesto delito de lavado de activos “agravado por su habitualidad”, como así también a su posible responsabilidad como “miembro de una banda, en calidad de coautor”, indicaron fuentes judiciales.

En este expediente, también investiga a la diputada nacional por Chaco por los delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública”, todos en calidad de autor, y también por el de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Por requerimiento del fiscal federal Patricio Sabadini, la jueza chaqueña dispuso el pedido de detención y solicitó el desafuero de la legisladora de Cambiemos. La ex intendenta de Resistencia está imputada de “haber conformado un grupo de personas destinado a beneficiarse con fondos municipales a través de la concesión de servicios públicos a un cartel de empresas con un alto índice de sobreprecios”.

Las investigaciones judiciales apuntan a la empresa Pimp SA, encargada de la recolección de residuos en Resistencia, caso en el que su actual intendente, Jorge Capitanich, prestó declaración testimonial ante la jueza Niremperger. En relación con esta causa están ya detenidos el empresario Pedro Martínez, su hija Natalia Martínez Guarino, el gremialista Jacinto Sampayo, Rolando Javier Acuña y Luis Escobar. Natalia Martínez se encuentra bajo el régimen de prisión domiciliaria por haber sido madre recientemente.

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