El juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, uno de los cuatro integrantes de la Corte Suprema que ayer votó por la constitucionalidad en todas sus formas de Ley de Medios, dijo que no se trata de «una ley socialista de confiscación», ya que permite a quienes se sientan damnificados por la aplicación de la norma reclamar una indemnización al Estado.

Zaffaroni explicó los alcances del fallo de la Corte.

En declaraciones al diario Página 12, el ministro a quien siempre se mencionó como favorable para apoyar la norma, sostuvo que «no hay mucho argumento para impugnar la ley en sí. El planteo sustancial de Clarín fue: si se reduce la renta del grupo no puede garantizar su continuidad, en consecuencia ve afectado su derecho a informar, a lo cual se le respondió que hay grupos más chicos que sin embargo viven e informan. Toda ley antimonopólica reduce la renta».

Tras el fallo de la Corte, que puso fin a casi cuatro años de planteos del grupo Clarín para no adecuarse a los parámetros establecidos en la ley respecto de la cantidad de señales, canales de aires, radios y empresas de cable, deberán presentar un plan en el AFSCA para adecuarse.

De todos modos, el juez advierte que si el grupo «sufrió un daño patrimonial, tienen derecho a reclamarle al Estado que repare esa lesión. No es una ley socialista de confiscación. El derecho de propiedad se respeta. Si se afecta, que reclamen, que prueben el daño y tendrán su derecho a la reparación».

El fallo fue firmado por la Corte a los dos días de las elecciones del domingo último en las que el gobierno fue derrotado en los principales distritos. Esta fue la explicación de Zaffaroni. «No acostumbramos a sacar fallos de trascendencia durante una campaña electoral. Son fallos que pueden incidir sobre la campaña».

Respecto de la audiencias pública que se realizó en agosto, el ministro del máximo tribunal sostuvo que «fue esclarecedora de las distintas posiciones, de las distintas argumentaciones. Pasó en limpio las razones de una y otra de las partes: una posición privatista que eleva el derecho de propiedad a un derecho absoluto, cuando no hay ningún derecho absoluto, ni siquiera el de la vida, y una posición de derecho público que tiene en cuenta precisamente el interés público. Privativismo, a veces elevado a términos del derecho privado romano primitivo, versus derecho público. Es un debate permanente del derecho por otra parte».

Según Zaffaroni «lo que se discute siempre de uno u otro ángulo, lo que está en el medio es cierto grado de redistribución de la renta. Si uno va al origen del debate, viene del siglo diecinueve en Estados Unidos, con el planteo privatista de la jurisprudencia norteamericana que decía que no se les podía sacar a los ricos para repartir a las pobres, porque se tocaría la parte más creativa de la sociedad y sería una expropiación. A mitad del siglo veinte cambió todo el criterio. Pero la vieja jurisprudencia norteamericana planteaba que todo lo que fuera redistribución es confiscación».