El registro es un resabio del ya casi olvidado caso Skanska. Más allá de la causa política que involucraba a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, el expediente luego viró hacia una usina de facturas ilegales que no solo eran usadas por la constructora sueca sino también, de acuerdo con la investigación del juez Javier López Bizcayart por decenas de firmas, desde Techint hasta la productora Ideas del Sur.

Ese caso llegó a juicio y hubo condenas en los tribunales en lo Penal Económico. Entre los culpables aparecieron ex empleados de la DGI que formaban parte de la organización.

El reclamo por el registro que impulsaron en Cordoba hace hincapié en que muchas empresas no conocían la situación de ilegalidad de las facturas que encargaban y al mismo tiempo, señalan al registro como persecutorio.

El reclamo recibió un fallo favorable en primera instancia con la firma de Alejandro Sánchez Freytes. No es cualquier juez: fue presidente del Consejo de la Magistratura, se enfrentó duramente al kirchnerismo (que lo denunció por su supuesta lentitud para tratar casos de la última dictadura militar) y se alineó automáticamente con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

Ahora la Cámara revocó el fallo y le dio la razón a los abogados de la AFIP. El caso llegará a la Corte donde ya varios abogados de estudios corporativos han peregrinado para hacer alegatos de oreja contra la constitucionalidad de dicho registro. Aunque nadie se anima a decirlo en voz alta, la gran crítica al registro serían ciertos manejos irregulares para con aquellas empresas que regularizan su situación y quieren salirse del mismo.