Por Alvaro Herrero*

La designación de un secretario judicial como juez subrogante es por sí sola un serio problema. Pero si además se trata del juzgado políticamente más importante de la provincia de Buenos Aires, la cuestión adquiere otra dimensión.

El Consejo de la Magistratura ha nombrado a un secretario como juez a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de La Plata. La relevancia de este cargo radica en su competencia electoral, ya que tiene a su cargo la organización de los comicios en la provincia con mayor peso político del país. En tal sentido, no sólo debe poner en marcha el aparato electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2015 sino que además tendrá a su cargo la oficialización de listas, inscripción de frentes, resolución de impugnaciones, conducción del escrutinio y recuento de votos.

La práctica del Consejo de nombrar secretarios como jueces subrogantes no sólo es polémica, sino también inconstitucional. Ya en dos oportunidades, la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que dichos funcionarios no pueden ser jueces transitorios ya que no han sido seleccionados con intervención de los tres órganos que prevé la Constitución para la designación de jueces: Poder Ejecutivo, Senado y Consejo de la Magistratura.

En 2007, en el fallo “Rosza”, la Corte ordenó al Congreso sancionar un régimen de subrogancias que cumpliera con dichos parámetros. Así fue que se sancionó la Ley 26.376, que estableció un orden de prelación: en caso de vacante, se debe nombrar primero a un juez de la misma jurisdicción y competencia. Si eso no es posible, se debe recurrir a la lista de conjueces. La Asociación de Magistrados y Funcionarios cuestionó judicialmente la exclusión de los secretarios por considerarla discriminatoria. El caso llegó a la Corte Suprema, que en 2012 rechazó dicha pretensión. En otras palabras, ratificó la prohibición de que los secretarios actuaran como jueces subrogantes. Sin embargo, desoyendo los fallos de la Corte, el nuevo Reglamento de Subrogancias del Consejo permite que los secretarios subroguen en casos excepcionales.

Esto se torna más relevante aun ahora que el kirchnerismo consiguió el séptimo voto en el Consejo de la Magistratura, alcanzando así su propia mayoría. Hoy se da la reedición de la mayoría automática. No se trata de la cuestionada mayoría de Menem en la Corte sino la del kirchnerismo en el Consejo. Una mayoría que en sólo dos reuniones del plenario demostró estar abroquelada para tomar decisiones inconstitucionales y funcionales al Gobierno. Una mayoría que le permite designar jueces subrogantes en cargos clave sin necesidad de negociar o consensuar. Una mayoría que hasta ahora no demostró interés por resolver los gravísimos problemas del Consejo.

Al igual que todas las últimas grandes iniciativas del kirchnerismo vinculadas con la Justicia, la resolución del Consejo de la Magistratura será impugnada. Tanta judicialización no es síntoma de calidad institucional, pero tampoco se puede dejar pasar por alto decisiones como ésta, que ignoran por completo la ley, la Constitución y los fallos de la Corte Suprema. Conociendo el mundo judicial, la Corte debe estar ansiosa por recibir un nuevo caso en la materia que le permita poner orden al caótico estado de nuestro sistema de designación de jueces.

La mayoría oficialista en el Consejo de la Magistratura cometió un grave error. En un contexto donde las vacantes aumentan sin cesar, los concursos no avanzan y los procesos de disciplina están cuasiparalizados, lo que hizo fue casi un acto de suicidio político. Para resucitarlo, harán falta una estrategia, liderazgo político y consensos interpartidarios; algo de esto último comenzó a gestarse el viernes, cuando la oposición dio una conferencia de prensa en el Senado para pedir mayor cordura de parte del Consejo. Quizás la crisis sea una oportunidad.

*Presidente del Laboratorio de Políticas Públicas y PhD en Ciencia Política (University of Oxford).

Fuente: Perfil.