Por Rafael Saralegui

Santos Clemente Vera es un paisano salteño que ayudó a la policía de la provincia a encontrar los cuerpos de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, las dos turistas francesas asesinadas, luego de haber sido violadas, en la quebrada de San Lorenzo el 29 de julio de 2011. Pese al tiempo transcurrido, el caso lejos está de haber quedado esclarecido.

El padre de Cassandre, Jean Michel Bouvier, lanzó hace un días desde Francia una campaña internacional para pedir que se le otorgue la libertad a Vera, quien fue condenado a prisión perpetua en segunda instancia en 2016 como uno de los autores de los crímenes de las dos chicas que habían viajado a Salta de vacaciones.

Vera no sólo colaboró con los investigadores de los homicidios, sino que además siempre estuvo a disposición de la Justicia. Luego de haber sido declarado inocente en el juicio oral que se desarrolló en 2014 volvió a vivir a su casa, a ocuparse de las tareas rurales con las que se ganaba la vida.

Dos años más tarde, fue condenado, sin pruebas. Su caso está actualmente ante la Corte Suprema de Justicia, que debe confirmar la sentencia de segunda instancia, ordenar un nuevo juicio u ordenar la libertad de Vera.

“Me gustaría mucho, antes de morir, esperar a que salga de la cárcel para abrazarlo”, dijo Jean Michel, al apoyar la campaña para que se libere a Vera. Para que se tome en cuenta la dimensión del gesto: el padre de una de las víctimas reclama su liberación, por entender que no hay pruebas que avalen su condena.

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El padre de Cassandre no es el único que cree que Vera es inocente y que se trata de un “perejil”.En varios medios provinciales se publicaron notas que aseguran que en realidad las chicas fueron víctimas de “hijos del poder” y que las mataron después de una fiesta en la capital de la provincia.

Pruebas perdidas

De todas formas, esa versión choca con que el ADN del otro condenado por los crímenes, Gustavo Lasi, fue encontrado en el cuerpo de las dos mujeres. Lasi dijo en el juicio que había abusado de las chicas, pero aseguró que lo hizo obligado por Vera, un dato incomprobable y difícil de creer. Además, el arma con que fueron asesinadas era del padre de Lasi.

El caso de Vera fue tomado por Innocence Project Argentina, una organización con varias filiales en todo el mundo, dedicada al auxilio de víctimas que fueron condenadas sin pruebas, casos de injusticia flagrante, como el que ha llevado al paisano salteño a las cárcel hace más de siete años. La entidad presentó un recurso ante la Corte Suprema para que revise la sentencia del Tribunal de Impugnación que el 6 de febrero de 2016, condenó a Vera a la misma sentencia que había recibido Lasi en el juicio oral, al valorar las pruebas en una forma diametralmente opuesta.

El informe de la entidad tiene dos datos categóricos: 

• Durante la detención de Vera se realizó un allanamiento en su vivienda en búsqueda de elementos que pudieran incriminarlo: se secuestra el estuche de una cámara de fotos que carece de vinculación con el hecho (no corresponde a ninguna de las cámaras de las víctimas) y un machete y cuchillos propios de un jardinero y gaucho de la zona. Estos elementos fueron analizados y no se hallaron rastros relevantes.
• Se realizó un análisis de ADN con un perito de parte; también se analizaron las muestras en Francia: el ADN no es compatible ni con Vera ni con su línea paterna. La pericia francesa también encuentra, en los restos del pantalón de Cassandre, rastros genéticos de dos masculinos que no corresponden a ninguno de los acusados.

Irregularidades de todo tipo

El director de la entidad en la Argentina es el ex fiscal Manuel Garrido, quien durante un reportaje en el programa Crimen y Ficción, por Eco Medios, detalló las numerosas irregularidades en la causa y la profunda situación de injusticia que sufre Vera, condenado en segunda instancia sin pruebas de ningún tipo.

“Vera fue absuelto en el juicio y fue condenado en segunda instancia. Los jueces se basaron en un informe de ADN que se contrapone contra otro informe de ADN que se realizó en Francia. No se encuentran ningún ADN que pueda ser ni remotamente atribuible a Vera. Tampoco se pudo hacer una peritación nueva con el material remanente porque dijeron que se había extraviado», recordó Garrido.

Garrido explicó además que hay numerosas irregularidades en la investigación, como contradicciones en los informes de los médicos forenses sobre la fecha de las muertes, y que se viola lo establecido por el Código Procesal de Salta que sostiene que si alguien resulta absuelto en un juicio oral, el tribunal que revisa la sentencia no está de acuerdo debe ordenar un nuevo juicio.

Que resuelva la Corte

Dijo también que durante la investigación la policía salteña fue acusada de torturar a los sospechosos y recordó que como Vera es un conocedor de la Quebrada de San Lorenzo donde se hallaron los cuerpos colaboró con la policía con la búsqueda que se realizó en su momento.

“El caso de Clemente es de una deficiencia absoluta, además de haberle violado garantías elementales. Es el caso más grave de la historia criminal de la provincia de Salta y no es posible que el juez interviniente haya dicho que se extraviaron las muestras extraídas a las víctimas”, se indignó Garrido.

Un dato más de la inacción judicial: el expediente que llegó a la Corte fue enviado al procurador interino Eduardo Casal en diciembre de 2018. Hasta que Casal no dictamine,la Corte no puede resolver. Mientras tanto, Vera sigue en la espera.