MenúFue una sorpresa: el candidato propuesto por el oficialismo para integrar la Corte Suprema de Justicia, Roberto Carlés, tuvo el respaldo de 117 instituciones y 843 particulares que se expresaron espontáneamente a favor de la designación del candidato.
Según informa el diario La Nación, en tanto, 25 instituciones y 153 particulares lo hicieron en contra, según confirmaron fuentes del Ministerio de Justicia.
«Desde la cartera que conduce Julio Alak manifestaron que de las 47 entidades requeridas para que opinen sobre la postulación nueve estuvieron a favor de la designación de Carlés, en tanto que ocho se expresaron en contra. Otras cinco contestaron pero no se expidieron sobre la consulta, y 25 no contestaron», informa el diario.
Algunas de las instituciones que impugnaron a Carlés fueron la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal -entidad que mantuvo una controversia con el candidato sobre su trabajo allí-; la legisladora porteña y precandidata a jefa de gobierno Graciela Ocaña (Confianza Pública), y la Sección Paraná del Colegio de Abogados de Entre Ríos.
Desde la ADC señalaron que el abogado «no reúne los antecedentes mínimos necesarios ni siquiera para ser juez de la Cámara de Casación y no cuenta con la independencia exigida para ejercer de manera adecuada el cargo». La ONG también apuntó que «el procedimiento de designación no cumplió con la perspectiva de género garantizada por tratados internacionales de derechos humanos».
También lo objetaron el abogado constitucionalista Daniel Sabsay y los diputados opositores Sergio Massa (Frente Renovador), Hermes Binner (Partido Socialista) y el senador radical Ernesto Sanz (UCR-Mendoza).
A favor de Carlés se pronunciaron la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP); el Colegio de Abogados de La Matanza, y las universidades nacionales de Quilmes, San Martín, Villa María y Mar del Plata y la española de Castilla-La Mancha.
También cosechó respaldos del gobernador de Buenos Aires y precandidato a presidente Daniel Scioli; del ex juez español Baltasar Garzón; de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
Cerca de Carlés resaltan que mientras ejerció como coordinador de la Comisión Redactora del Anteproyecto del Código Penal mantuvo una buena relación con los opositores Federico Pinedo (Pro), Ricardo Gil Lavedra (UCR) y María Elena Barbagelata (socialismo), también integrantes de la comisión.
Para que se apruebe el pliego de Carlés, el oficialismo debe reunir dos tercios de los votos -de los legisladores presentes- en el Senado, algo imposible de lograr sin los votos de la oposición, que ya anunció su rechazo a apoyar el pliego.
