El caso de las violaciones ocurridas en el Seminario de Paraná se conoció en 2012 por una denuncia periodística, que reveló que la investigación interna que se le hizo al cura nunca fue elevada al Vaticano ni puesta en conocimiento de la justicia ordinaria.A raíz de ese ocultamiento, en la causa están citados a declarar los tres últimos arzobispos de la capital entrerriana, Estanislao Karlic, Luis Maulión y Juan Puiggari.

Ilarraz está imputado de corrupción agravada, debido a que tenía a su cargo a los seminaristas abusados, un delito que tiene una pena máxima de 15 años de prisión.

Debido a que los hechos denunciados datan de los años `80 y `90, la defensa del cura argumentó que la acción penal había prescripto.

El planteo fue apelado por los abogados querellantes, Alvaro Piérola y Marcelo Baridón, y ahora rechazado por la Cámara Primera en lo Criminal.

En el fallo, el juez Bonazzola adhirió a los planteos de prescripción solicitados por la defensa y ordenó “archivar sin más trámite estas actuaciones”.

Sin embargo, las juezas Davite y Badano se pronunciaron a favor de la imprescriptibilidad de los delitos investigados porque «resultaría un argumento irracional poner en cabeza de los menores de edad la responsabilidad de no realizar la denuncia correspondiente por los delitos de los que, hoy adultos, se dicen víctimas”.

En septiembre pasado, uno de los abogados querellantes en la causa confirmó que decidió abandonar el caso luego de sufrir un atentado con artefactos explosivos en su vivienda.

Se trata de Milton Urrutia, un abogado que fue seminarista en los años en que Ilarraz estuvo al frente de ese instituto religioso, y que tuvo que abandonar la vocación porque le «arruinaron la vida», tomó la decisión luego de que explotaron dos bombas caseras en el garaje de su casa.

El letrado, que representaba a varios ex seminaristas que reconocieron ante el juez de Instrucción de Paraná, Alejandro Grippo, haber sido abusados por el cura, responsabilizó del atentado a “un grupo organizado de cuasi terroristas”.

Paralelamente, el vicario de justicia del Tribunal Interdiocesano de Santa Fe, presbítero Alejandro Bovero, inició a pedido del Vaticano una investigación previa sobre las acusaciones que pesan contra el cura Ilarraz quien, hasta que estalló el escándalo de los abusos, se desempeñana como párroco en la localidad tucumana de Monteros.

Bovero, que es párroco de la Sagrada Familia de Santo Tomé y docente en el Seminario de Santa Fe y en la Universidad Católica de esa provincia, aclaró que la tarea que desarrolla «no es un juicio, sino una instrucción previa”.

Hasta el momento declararon ante la justicia entrerriana siete ex seminaristas, que detallaron los abusos de que fueron objeto por parte el cura Ilarraz mientras estuvieron internados en el seminario local, según fuentes tribunalicias.

La causa contra el cura Ilarraz está caratulada como «Promoción a la Corrupción de Menores Agravada» y fue impulsada de oficio por la Procuración General de la Provincia, debido a que la Iglesia mantuvo siempre en secreto lo sucedido y nunca denunció los abusos ante la justicia entrerriana.

Fuente: Télam.