El procedimiento duró seis horas.

La jueza Fabiana Palmaghini, a cargo de la instrucción en la causa en la que se investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman, ordenó un allanamiento en la casa de Diego Lagomarsino, el licenciado en informática y propietario del arma que causó la muerte del funcionario judicial que estaba a cargo de investigar el atentado a la AMIA.

El allanamiento se llevó a cabo en la localidad de Martínez, en el partido de San Isidro, donde reside Lagomarsino, y está a cargo de la Policía Metropolitana.

«Los agentes de Delitos Informáticos de la Policía Metropolitana llegaron al edificio donde vive Lagomarsino, en Monseñor Larrumbe 3151, cerca de las 17.30 y entrada la noche continuaban revolviendo la vivienda. Incautaron una ipad, dos ipods, al menos un pendrive, discos compactos, discos rígidos, la memoria de una cámara, consolas de juego de sus hijas, cd’s que contendrían series de televisión y también se llevaron ropa y una zapatilla de Lagomarsino», informa el diario Página 12.

El diario agrega que «la orden de la jueza Palmaghini pedía el secuestro de notebooks y televisores inteligentes, pero sólo habrían encontrado un televisor viejo. Computadoras, ninguna. Tampoco se habría hallado ninguna documentación vinculada con el caso».

La magistrada lleva a cabo estas diligencias en respuesta a un pedido formulado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman y querellante en esta causa.

Fuentes ligadas a la investigación confirmaron a Télam que el procedimiento se inició en horas de la tarde, a partir de que el juez de Garantías de San Isidro, Diego Martínez, convalidó a través de un exhorto la orden elevada por Palmaghini.

De acuerdo al pedido elevado, los investigadores buscaban en el domicilio de Lagomarsino toda computadora fija o portatil, pendrives, discos rígidos y toda documentación a nombre de Alberto Nisman.
Esta medida se sumó a la adoptada la semana pasada por la jueza y a partir de otro pedido formulado por Arroyo Salgado, cuando la magistrada suspendió los peritajes informáticos en los dispositivos electrónicos del fallecido fiscal, argumentando la necesidad de preservar «la privacidad» de la víctima.

El experto en informática que trabajaba bajo las órdenes de Nisman con un sueldo de 41 mil pesos, declaró haber suministrado al fallecido fiscal un arma de su dominio desde la cual salió el disparo que provocó su muerte.

Actualmente, este ex colaborador de la fiscalía encargada de investigar la causa AMIA está imputado por haber entregado esa pistola calibre 22 a Nisman, un día antes de que apareciera sin vida en su departamento de Puerto Madero.