Por Bernardo Vázquez

«Por supuesto que hablamos». La frase surgió de boca de Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en una entrevista que brindó a Perfil en noviembre de 2013. Habían pasado pocos días de la resolución que representaba una especie de reconciliación entre el máximo tribunal y el Gobierno, el emblemático fallo que declaró la constitucionalidad de la Ley de Medios. También había transcurrido menos de una semana de la dolorosa derrota electoral del oficialismo en las legislativas que encumbraron como gran referente de la oposición a Sergio Massa. El compañero de charlas a las que se refería Lorenzetti era nada menos que Carlos Zannini, secretario de Legal y Técnica, funcionario con mayor ascendencia sobre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y, además, uno de sus principales promotores para que llegara a la Corte Suprema en 2004. El hombre más influyente del kirchnerismo en la Justicia.
Aquel 2013 venía siendo traumático para el Gobierno en su relación con la Justicia. Fue el año donde se apuntó con mayor intensidad contra el vicepresidente Amado Boudou por su participación en el caso Ciccone, su presunto enriquecimiento ilícito y por la compra de un auto con papeles falsos. Pero el impacto más fuerte lo sintió en la Corte, que frustró la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, corazón de la «Democratización de la Justicia» que impulsaba el kirchnerismo.
Hoy se cumplen dos años de aquel cimbronazo, que modificó por completo las relaciones entre ambos Poderes. Unas semanas después, nomás, el Gobierno dio de baja a sus históricos operadores judiciales en Comodoro Py, liderados por el auditor general Javier Fernández, y los suplió por hombres de La Cámpora como Franco Picardi, actual fiscal federal, Ernesto Kreplak, candidato a un juzgado en La Plata, y Juan Martín Mena, subsecretario de la ex SIDE. La decisión de aquél cambio de piezas la tomó Zannini, quien baja también cada orden del Ejecutivo al oficialismo en el Consejo de la Magistratura.
Cuando todavía el engranaje del nuevo organigrama judicial del kirchnerismo no estaba aceitado, en marzo de 2014, Zannini se vio involucrado directamente en un expediente en Comodoro Py. Fue cuando el juez Norberto Oyarbide admitió haber frenado un allanamiento a la financiera Propyme por pedido de Carlos Liuzzi, mano derecha del «Chino» en la Secretaría de Legal y Técnica. Poco más de un año duró la acusación, que desactivó el mes pasado el juez Luis Rodríguez, al sobreseer a Liuzzi por considerarlo inocente de los delitos de prevaricato y omisión y persecución de delincuentes que recaían en contra suyo. Del fiscal Ramiro González, quien también lo imputó por enriquecimiento ilícito, depende que se apele el fallo.
Antes de que Zannini surgiera como el compañero de fórmula de Daniel Scioli para las presidenciales, su apellido había sonado para ocupar cargos en la Corte y en Magistratura. El tiempo demostró que su destino era otro y que no hizo falta que el Gobierno lo expusiera en un ámbito en el que, en silencio, maneja como nadie.

Fuente: El Cronista.