La Sala III de la Cámara Federal de La Plata revocó la falta de mérito del ex titular del Juzgado Federal Nº2 de la Capital Federal durante la última dictadura, Rafael Sarmiento, y ordenó su procesamiento por considerarlo partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad de una víctima que fue secuestrada en su juzgado en 1977 cuando fue averiguar el trámite de un habeas corpus preventivo.

De esta forma, el tribunal de alzada dejó sin efecto la resolución que había dictado el juez Humberto Manuel Blanco, que fue apelado por los fiscales Marcelo Molina y Hernán Schapiro que integrane la Unidad Fiscal que interviene en casos de terrorismo de Estado en La Plata, informó el sitio Fiscales.

La Cámara Federal también decidió trabar al imputado un embargo de 200 mil pesos y no se pronunció acerca de la libertad que goza. El fallo es relevante no sólo por el análisis de la conducta del juez Sarmiento, sino porque profundiza en la complicidad judicial con el aparato represivo a través de la anulación de los efectos del recurso de habeas corpus durante el terrorismo de Estado.

El tribunal platense adoptó la decisión con la mayoría integrada por los jueces Carlos Nogueira y Carlos Vallefín, mientras que Antonio Pacilio votó por confirmar la decisión de Blanco y fundamentó su disidencia en la necesidad de receptar dos nuevas declaraciones testimoniales.

Los fiscales habían pedido la indagatoria de Sarmiento en abril del año pasado. Consideraron que «el ex juez se constituyó en una pieza central para lograr la detención ilegal y los posteriores tormentos», que sufrió el ex ministro de Economía bonaerense, Ramón Miralles.

La víctima fue secuestrada el 23 de junio de 1977 en la sede del juzgado a cargo de Sarmiento cuando fue a consultar el trámite de un habeas corpus preventivo que había interpuesto en su favor, dado que temía por su integridad y libertad. Para ese momento, sus hijos Carlos y Julio, y su nuera Luisa Villar estaban desaparecidos, mientras que su esposa, María Delia Arana, sus dos hermanos y la señora que realizaba tareas en su domicilio habían sido secuestrados y posteriormente liberados.

Desde el juzgado, Miralles fue ingresado al circuito de centros clandestinos de detención comandado por Camps. En el trámite del habeas corpus fue incorporada una orden de comparendo firmada por el ex jefe de la Policía bonaerense para que la víctima fuera conducida a la Jefatura de la fuerza para «continuar la investigación que se está llevando a cabo, C.A. 2448», una sigla y un número cuyo origen nunca pudo decifrarse. Esa «orden» era escueta, tal como fue citada, y no contenía ninguna explicación,

El juez Sarmiento dio aviso a Camps y se hizo presente en la sede judicial el ex comisario de Avellaneda, Jorge Rómulo Ferranti, quien desde allí trasladó a Miralles a la entonces Unidad Regional de Avellaneda y luego a la Jefatura de Policía, en La Plata.

Miralles después pasó por los centros clandestinos de detención conocidos como COTI Martínez y Puesto Vasco, lugares donde se acreditó judicialmente que fue torturado, y por el Destacamento de Arana y la comisaría de Monte Grande. El ex ministro, que falleció hace varios años, recuperó su libertad el 24 de agosto de 1978.

La víctima compartió el cautiverio con otros ex ministros y ex funcionarios bonaerenses, perseguidos por los usurpadores del gobierno de la provincia en la dictadura, quienes los acusaban de hechos de corrupción y de vínculos con la organización Montoneros.