Por Martín Lousteau

Resulta evidente que tanto la denuncia de Alberto Nisman como la causa AMIA provocan en la Presidenta comportamientos destemplados. Así se vio en la inauguración del período de sesiones ordinarias cuando parte de la oposición exhibió carteles con la leyenda «AMIA: apertura de archivos», en alusión a un proyecto impulsado por la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia), que suscribí. Antes estuvieron los mensajes de Facebook, las cadenas, las acusaciones. Ayer una solicitada.

Quizá valga la pena reflexionar acerca de los posibles detonantes de semejantes reacciones. Personalmente, creo que una de las causas -ciertamente no la única – está relacionada con una situación que todas las encuestas revelan: la denuncia de Nisman es creíble . Podría no ser sólida. Podría no ser cierta. Pero es creíble.

He leído minuciosamente tanto la misma como su posterior desestimación. Ahora tendremos una nueva instancia reclamando más medidas probatorias, generada a partir de la apelación de ayer del fiscal Pollicita. Naturalmente, he consultado a varios abogados de diversas extracciones: no encontré a ninguno que no pusiera en duda la fortaleza de la denuncia. La argumentación de Nisman es más bien de carácter interpretativo, especulativo, casi contrafáctico. Y en las escuchas presentadas en el marco de la misma no se aprecia nada que involucre directamente a la Presidenta o a su canciller. Es decir, a menos que surjan más pruebas que las conocidas hasta ahora, no parece haber evidencia suficiente para sostener la acusación contra ellos.

Podría no ser sólida. Podría no ser cierta. Pero es creíble.

¿Qué significa, entonces, que la denuncia resulta creíble? Pues, sencillamente, que un gran porcentaje de la población está dispuesta a creerla. Y para un mandatario, cuya base de sustento y fuente de poder es la confianza del votante, una situación tal debe ser fuente de angustia y frustración. Aunque el Gobierno prefiera no analizar la situación en perspectiva, vale la pena reflexionar acerca de los motivos por los que una acusación, para muchos débil desde lo jurídico, se transforma en creíble.

En primer lugar, el memorándum representó un giro copernicano difícil de explicar en la posición soberana respecto de Irán y su participación en la causa AMIA. En segundo término, y tal cual el oficialismo nos tiene acostumbrados, impuso sus números para aprobarlo con la mínima discusión posible, generando dudas inclusive entre sus propias filas.

Como si ello fuera poco, el acuerdo no tuvo el resultado esperado, tal como fue reconocido por la propia Presidenta hace un año en el discurso de inauguración de sesiones de 2014: «(…) humildemente, creí que esta era la mejor manera de lograr el objetivo. (…) todavía Irán no ha cumplimentado la parte que debía hacer.»

Pero, sobre todo, el gobierno nacional no supo cuidar al fiscal (al que, además, continúa desacreditando sistemática y públicamente) que denunció a la Presidenta y a su canciller, Y, por la vía de implantar sospechas e hipótesis de diversa índole, tampoco muestra la vocación de colaborar en la investigación sobre las causas de su muerte. Esta ofensiva brutal, que también es una marca registrada del oficialismo, contribuye a incrementar la predisposición a creer en la hipótesis de Nisman.

Pero los motivos no se agotan allí. Si la política energética no fuera tan desastrosa, si no hubiéramos terminado importando fuel de Venezuela o gas licuado del petróleo (GLP) para regasificar a precios exorbitantes, la idea de que el memorándum fuera un acuerdo con Irán para intercambiar impunidad por petróleo resultaría un disparate. De igual modo, si el Gobierno no hubiera recurrido asiduamente a personajes como Luis D´Elia , sus dislates, intervenciones y posiciones personales no podrían comprometerlo.

Si el gobierno nacional no hubiera utilizado en su época de auge la presión -casi sistemática- a jueces y fiscales, no estaría bajo sospecha la reciente decisión (con defectos emparentados con la presentación de Nisman) del juez Rafecas

Más aún, si el oficialismo no hubiera hecho fila para defender la inocencia del vicepresidente Amado Boudou , ni para intentar explicar su situación como un ataque de las corporaciones, tendría hoy menos dificultades para defender a la propia Presidenta.

Finalmente, si el gobierno nacional no hubiera utilizado en su época de auge la presión -casi sistemática- a jueces y fiscales, no estaría bajo sospecha la reciente decisión (con defectos emparentados con la presentación de Nisman) del juez Daniel Rafecas . Juez que, por otra parte, ya demostró ser permeable a las presiones: en el año 2012 fue recusado por intercambiar mensajes de texto asesorando a uno de los defensores de Boudou mientras tenía a cargo su causa, mientras que el Tribunal Oral Número III pidió al Consejo de la Magistratura que se lo investigue por su deficiente actuación en la causa por las coimas en el Senado.

Frente a todas estas circunstancias, resulta lógico que la denuncia de Nisman -más allá de las falencias que la misma pudiera tener- sea creíble para gran parte de la población. Los errores, inconsistencias y opacidades que el gobierno nacional ha acumulado a lo largo de todos estos años dejan poco margen para un escenario diferente. Y esto es algo que, para una presidenta que se va después de dos intensos mandatos, debe ser causa de frustración y enojo.

Con una vocación interpelativa más amplia, el hecho de que ya no podamos creer plenamente ni en un gobierno, ni en la Justicia, ni en nuestras fuerzas de seguridad, ni en los medios de comunicación debería decirnos mucho más acerca del entorno en el que estamos viviendo. E impulsarnos a todos a actuar activamente como para revertir esa tendencia y recuperar lo que alguna vez, hace treinta años, nos ilusionamos con tener: una democracia no sólo sana sino capaz de acumular mejoras sistemáticas para sus ciudadanos a través del tiempo.

Fuente: La Nación.