La familia de Luciano Arruga, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la APDH La Matanza pidieron el juicio político del juez Gustavo Banco y de la fiscal Celia Cejas luego de haber comprobado que los familiares del joven desaparecido fueron vigilados a través de escuchas telefónicas.

“Este hecho indica que la fiscal Celia Cejas sospechaba que los familiares estaban involucrados o al menos ocultaban información. Asimismo, el juez Gustavo Banco, que por entonces entendía en la causa, avaló las escuchas y no dispuso control alguno sobre las mismas”, según denunciaron en una rueda de prensa.

Luciano denunció que la Policía lo perseguía.

«Ante estas circunstancias la familia de Luciano, el CELS y la APDH-Matanza promovieron hoy el juicio político para el juez Banco  y la fiscal Cejas ante Secretaria Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires», añade un comunicado.

Luciano Arruga, de 16 años, tras padecer en forma sostenida de acciones de amenaza, hostigamiento y torturas por parte de la Policía Bonaerense, desapareció el 31 de enero de 2009 en la localidad de Lomas del Mirador, partido bonaerense de La Matanza y, desde entonces, no se ha vuelto a saber de él.

Casi cinco años después, la Justicia no estableció qué sucedió ni quiénes son los responsables de su desaparición. La desaparición de Luciano fue el último eslabón de una cadena de hechos de abuso, golpes, extorsiones y torturas que el menor sufrió en los meses anteriores.

En enero de 2013, la causa por la desaparición de Luciano pasó a la órbita de la justicia federal, a pedido de la familia, luego de la causa se tramitara durante años en la justicia de la provincia de Buenos Aires. Con ese cambio de jurisdicción se pudo conocer la existencia de un legajo reservado a cargo de la giscal Cejas, en la que figuran las escuchas realizas a la familia de Luciano, con el aval del juez Banco.

El cambio de jurisdicción de de la pesquisa permitió que se cambiara la carátula que originalmente había sido averiguación de paradero por el de desaparición forzada, lo que implica la admisión de que el principal sospechoso del crimen es la misma policía bonaerense a la que se había delegado originalmente la investigación.