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Piden diez años de prisión para dos ex policías que cobraron 20 mil pesos para liberar a un detenido

Un fiscal pidió hoy una pena de diez años de prisión para dos ex subcomisarios de la Policía bonaerense, que llegaron a juicio acusados de haber cobrado como coima $20.000 y la transferencia de un Citröen C3 para liberar a un ladrón en la comisaría de Villa Adelina.

Fuentes judiciales informaron a la agencia Télam que el debate, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de San Isidro, culminó con los alegatos de las partes y la lectura del fallo será el próximo 12 de marzo a las 13.

Los imputados son tres: los ex subcomisarios Marcelo Gustavo Godoy y Pablo Javier Sosa, quienes en 2012, al momento del hecho, se desempeñaban como jefe y subjefe respectivamente de la comisaría 8va. de San Isidro; y el presunto testaferro del primero de ellos, Juan Pablo Farías.

En su alegato, el fiscal de San Isidro que hizo la instrucción, Patricio Ferrari, y su colega Claudio Scapolán, solicitaron 10 años de prisión para los subcomisarios, el máximo de la pena posible para los delitos que les imputan.

Es que los policías están acusados de «extorsión en concurso real con encubrimiento tríplemente agravado por ser un hecho grave, por el ánimo de lucro y por ser cometido por un funcionario público».

Para el supuesto testaferro, Farías, la pena pedida por los fiscales fue de 7 años de cárcel.

Esta causa es el desprendimiento de otra que se inició con el robo a un empresario en su casa de San Isidro, siguió con la detención del entonces jefe distrital de esa zona -el comisario inspector Raúl Papa-, acusado de encubrir a los delincuentes, y siguió con el desbaratamiento de la denominada «Banda de los Rosarinos», que robaba autos en el conurbano para desguazarlos o «reempapelarlos» y venderlos en Rosario.

Según la fiscalía, la extorsión policial ocurrió el 10 de mayo de 2012 luego de que la banda le robara a Silvia Irene Goldín un Volkswagen Gol en la puerta de su casa de la calle Cerrito al 3800 de la localidad bonaerense de Carapachay, partido de Vicente López, donde la mujer fue herida en la cabeza a culatazos.

Luego de ese hecho, uno de los presuntos autores del robo, Mauro «Pepino» Fabián Díaz, fue interceptado por la Policía y trasladado a la seccional de Villa Adelina donde, según el fiscal, Godoy y Sosa le exigieron 20.000 pesos para liberarlo y la entrega del Citröen C3 de su propiedad con el que fue detenido.

Toda la negociación entre uno de los subcomisarios -Sosa-, y los amigos del detenido Díaz quedó registrada en escuchas telefónicas volcadas en la causa, ya que el Nextel de Díaz estaba intervenido por otras investigaciones penales que había en curso.

«¿Cómo te va viejo?, escuchá? Bueno ahí hablaste con tu compadre, ¿no? Tiene un quilombito. Vos no le vas a poder solucionar nada, pero no te podés fijar a ver quién puede responder por este muchacho, porque va a estar un tiempito, viste», dice el subcomisario según las escuchas de la causa.

En el juicio, fue a declarar como testigo un amigo de «Pepino» Díaz que admitió ante el tribunal que él mismo llevó hasta la comisaría 20.000 pesos en efectivo.

Pero «Pepino» recién fue liberado a la mañana siguiente cuando fue obligado con un certificado 08 a transferirle a Farías, el supuesto testaferro del subcomisario Godoy, el Citröen C3 del detenido, que luego fue vendido en 50.000 pesos en una agencia de autos de la zona.

En las escuchas telefónicas también quedó registrado el momento en el que Díaz fue liberado y le cuenta a un amigo que «el taquero» (comisario)» se había quedado con su auto y «veinte lucas» (20.000 pesos).

En la misma conversación, relató que lo habían «gomeado» (golpeado) toda la noche y que incluso le habían hecho pagar a él la cuenta del bar donde bebieron y comieron cuando esperaban que abriera la escribanía donde hicieron el certificado 08 de su auto.


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