Pérez Corradi, tras ser detenido en Paraguay.

El ex empresario farmacéutico Ibar Pérez Corradi, detenido por la presunta autoría intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez en el 2008, fue enviado hoy a juicio oral y público por el delito de lavado de dinero a través del cambio de cheques a empresarios involucrados en la llamada «mafia de los medicamentos».
Así lo resolvió el juez federal Sebastián Casanello, quien dio por cerrada la fase instructoria de la investigación por depositar en su cuenta cheques de la droguería Multipharma, de Carlos Torres, y de la obra social bancaria (OSBA), cuyo titular era el sindicalista Juan José Zanola, dos de los principales acusados en esa megacausa.
Un total de 47 acusados por comercialización de productos medicinales vencidos o adulterados y falsificación de recetas y troqueles, serán juzgado a partir del 5 de diciembre de 2017 por el Tribunal Oral Federal 5 de la ciudad de Buenos Aires.
Pérez Corradi no figura en ninguna de las siete causas que será juzgadas en un único juicio y bajo la imputación vinculante de «asociación ilíctia», aunque no se descarta que su causas sea absorbida por el tribunal dada la «comunidad delictiva» que se les adjudica.
Casanello lo envió a juicio oral en una causa por operaciones hechas entre el 21 de abril y junio de 2008, cuando depositó cheques por 424.677 pesos, cuyo origen no pudo justificar, aunque la investigación determinó que se trataba de valores de terceros.
El magistrado desechó el pedido de la defensa de Pérez Corradi de ampliar su declaración indagatoria por considerarlo una «maniobra dilatoria», tal como había dictaminado el fiscal Franco Picardi.
Pérez Corradi estuvo detenido por orden del juez Norberto Oyarbide, quien tuvo a su cargo la investigación iniciada en el segundo semestre del 2009 luego de una denuncia de la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña.
Liberado por la Cámara Federal porteña a raíz de las dilaciones en el proceso, se profugó durante cuatro años para evadir la imputación de haber ordenado el asesinato de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, sus presuntos competidores en el tráfico de efedrina.
A comienzos de julio último fue capturado en la zona de Triple Frontera del lado brasileño, trasladado a Paraguay y luego extraditado a la Argentina, donde fue incorporado al programa de protección de testigos, aunque en su declaración indagatoria ante la jueza Maria Servini lleva más de cincuenta horas con escasas revelaciones.
Entre los que ya esta confirmado que serán juzgados figuran el ex sindicalista bancario Juan José Zanola; el ex superintendente de Servicio de Salud y recaudador de la campaña kirchneirsta del 2007, Héctor Capaccioli, y los ex empresarios farmacéuticos Néstor Lorenzo (Droguería San Javier), Gabriel Britos (Global Pharmacy) y Torres (Multuipharma) .
También esperan juicio Solange Bellone, la viuda de droguero y el ex comisario y empresario farmacéutico José Luis Salerno, involucrado en el tráfico de efedrina que se investiga en otro juzgado.
Zanola y los drogueros que proveian de medicamentos a la quebrada obra social del gremio y al Policlínico Bancario (PoBA) estuvieron ya dos años presos.
La causa principal se articuló en torno a la operatoria en ese centro asistencial, por lo cual también estuvo detenida e irá a juicio oral la mujer de Zanola y la directora administrativa del Policínico Bancario (PoBa), Paula Avalllay, sindicados como líderes de la presunta asociación ilícita que cometió fraudes mediante la provisión de medicamentos falsos a afiliados y adulteró troqueles de medicamentos para cobrar reintegros sin suministrar los tratamientos.
Néstor Lorenzo encabeza la causa 1830, con sus colegas Brito, Torres y Bellone, en la que también esta encartado el ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli, el ex legislador Sebastián Gramajo y hasta al ex director del Banco de Productos Oncológicos del Ministerio de Salud, Roberto Loiácono, todos por defraudación en el marco de una asociación ilícita.
Juan Rinaldi, ex abogado del camionero Hugo Moyano que ascendió a la Administración de Programas Especiales (APE) que ordenaba los reintegros, en ese caso sin verificarlos, también será juzgado por violación a la Ley de Marcas (falsificación de medicamentos).