| Fallo de la jueza Liberatori

Ordenan al gobierno porteño corregir la tarifa del subte

La Justicia le dio un plazo de cinco días para corregir el nuevo sistema tarifario dispuesto por las autoridades porteñas. Hizo lugar a un recurso de amparo.

La nueva tarifa fue fijada en 4,50 pesos.

La nueva tarifa fue fijada en 4,50 pesos.

La Justicia porteña ordenó ayer al Gobierno de la Ciudad que en un plazo de cinco días “corrija los desequilibrios del sistema tarifario” del subte, que está en vigencia desde el viernes último. El fallo de la jueza Elena Liberatori hizo lugar parcialmente a un recurso de amparo, pero no dispuso retrotraer el valor de la tarifa a la anterior (de 3,50), sino adecuar la actual (de 4,50), a la que consideró “inconsistente” y “no equitativa”.

La jueza sugirió que el valor del boleto debe ajustarse a 3,90 pesos o menos y que el nuevo abono, que hoy sólo tiene vigencia para un mes, no tenga vencimiento y pueda ser utilizado en meses siguientes. El gobierno porteño anunció que apelará la medida.

“El fallo ataca dos pilares del tarifazo: el boleto a 4,50 y el abono, que podía usarse sólo dentro de ese mes”, destacó el diputado Alejandro Bodart (MST), autor del amparo.

En el fallo, segín informa Página 12 la jueza Liberatori encontró incongruentes los argumentos del titular de Sbase, Pablo Piccardo, quien con el objetivo de promover que más gente viaje en subte estableció una escala según la cual el pasajero paga 4,50 pesos los primeros veinte viajes del mes y comienza a tener descuentos a partir del viaje 21.

Según la jueza, se introduce “una asimetría entre los usuarios”, ya que “el usuario esporádico o poco frecuente, que utiliza el servicio entre 1 y 20 viajes, no solo no goza de ningún beneficio económico , sino que aparece penalizado teniendo que soportar la tarifa plena de 4,50”.

“La política de incrementar el uso del subte viene a ser soportada por el usuario no frecuente que o bien abona el mayor aumento de la tarifa o, para evitar eso, se ve compelido a utilizar el colectivo”, dice la jueza y concluye que “es evidente que éste es un criterio que no cumple con los preceptos constitucionales de equidad”.


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