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López pidió la nulidad de la indagatoria porque no estaba en condiciones de declarar

La nueva defensa de López apuesta a una defensa técnica. Pidió la nulidad de la declaración indagatoria porque había informes médicos que decían que no podía declarar.

El traslado de López.

El traslado de López.

La abogada hot y mediática ya es parte del pasado de José López. Desde hace 15 días el ex secretario de Obras Públicas es asistido por dos letrados, reacios a aparecer en los medios, y que buscarán llevar adelante una defensa técnica de su cliente.

Por eso de una de las primeras medidas que tomaron fue pedir la nulidad de la declaración indagatoria que le tomó el juez federal Daniel Rafecas y que luego derivó en el procesamiento, tras haber sido detenido con varios bolsos con casi 9 millones de dólares.

Uno de los nuevos abogados aseguró que López está en buen estado de salud mental y negó que en la cárcel de Ezeiza, donde se encuentra alojado, hubiera llamado a los gritos al gobernador de Tucumán José Alperovich, mientras se paseaba desnudo.

“Mi socio y yo estuvimos con él esa tarde, hablando de la forma más tranquila y normal. Al otro día vimos un cable de Télam, donde hablaba de ese episodio que no ocurrió. Era una mentira”, explicó en diálogo con CyR Fernando García, uno de los abogados que asisten a López en las tres causas que tiene abiertas.

García participó de la inspección ocular que el juez Rafecas realizó en el convento de General Rodríguez. “Se encontraron algunos papeles de convenios firmados entre la Secretaría de Obras Públicas con el fallecido monseñor Di Monte”, explicó el abogado. Son convenios de años atrás que López firmó por el cargo que tenía.

Según García, la inspección había sido pedida por la Oficina Anticorrupción. “Se trata de una inspección ocular en el lugar donde sucedió el hecho desencadenante que terminó con el arresto de López”, explicó el abogado.

García explicó que hubo una recorrida por las instalaciones y negó que allí hubiera bóvedas como informó, por ejemplo, la señal Todos Noticias. “Eso es un invento de los medios. Parte del imaginario colectivo, nada que ver”, explicó.

López fue arrestado por la policía en el convento de General Rodríguez con bolsos cargados con casi 9 millones de dólares y un fusil calibre 22. Por el hallazgo del dinero la causa fue derivada al juez Rafecas, quien investigaba al ex funcionario por una denuncia por enriquecimiento ilícito hace varios años.

López tiene tres causas en trámite en la actualidad. La del juez Rafecas, por la cual fue procesado el 30 de junio y en la cual va ampliar su indagatoria el 5 de agosto, la de “Sueños Compartidos” por la que tiene que ser indagado el 3 de agosto por el juez federal Martínez de Giorgi. Además está la causa que se tramita en la justicia bonaerense por el arma con la fue fue detenido en el convento.

Por esa causa, “en provincia la fiscalía llama a prestar declaración y pone en conocimiento el hecho, después tiene que decidir si eleva a la causa a juicio o no. En el medio si hay alguien que está detenido, se convierta en prisión preventiva. El juez de Garantías convalidó el pedido de la fiscalía de prisión preventiva”.

El procesamiento dictado por Rafecas contra López fue apelado por los dos abogados del ex secretario de Obras Públicas, García y Diego Sánchez. También van a apelar el procesamiento por la tenencia del arma, ya que es de su propiedad.

López está actualmente alojado en el Hospital Penitenciario Central del Complejo Federal de Ezeiza. Se encuentra alojado en una celda, dentro del hospital donde, es controlado por los médicos. Sus abogados los vieron ayer y constataron que se encontraba en buen estado. De todos modos, sus abogados pidieron que se realice un estudio para determinar si tiene alguna afección de salud.

“Nosotros apelamos y pedimos la nulidad de la indagatoria de López, porque consideramos que tuvo la imposibilidad de defenderse. Los informes médicos dicen que no estaba en condiciones de declarar por eso pedimos la nulidad. No estaba en condiciones de declarar con el estado que registraba en ese momento. Planteamos que además es inconstitucional porqué en el enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba”, explicó el abogado.