Rubén «La Chancha» Alé líder de la banda acusado por los fiscales.

El 18 de octubre pasado el juez federal Nº 2  de Tucumán Fernando Luis Poviña dispuso el llamado a prestar declaración indagatoria para Rubén «la Chancha» Alé por el delito de asociación ilícita y lavado de activos. Alé fue acusado de liderar la banda que secuestró a Maria Verón en Tucumán.

El juez también llamó a indagatoria al hermano de Rubén, Ángel «el Mono» Alé, su ex mujer María Jesús Rivero , Víctor Alberto Suárez, Julia Esther Piccone, Fabián Antonio González, María Florencia Cuño  y Andrea Viviana Acosta, informó el sitio Fiscales, de la Procuración General de la Nación.

Pablo González, Valeria Fernanda Bestan y el hijo de la Chancha, Angel Adolfo Alé, serán indagados en una segunda etapa y solamente por el delito de lavado de activos. Daniela Milhein, absuelta en el juicio por el secuestro y la desaparición de Marita Verón, brindará declaración por asociación ilícita.

Poviña hizo lugar a lo solicitado en su oportunidad por el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera (querellante en la causa), destacando que “valorados sus fundamentos y las constancias, vale decir el plexo probatorio obrante en autos, estimo que existe prueba suficiente –en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, “motivo bastante”- para llamar a prestar declaración indagatoria”.

El pedido había sido presentado por los fiscales José Díaz Vélez, a cargo de la Fiscalía Federal N° 1 de la ciudad de Tucumán, y Carlos Gonella, Fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos -Procelac-, junto con Omar Gabriel Orsi, Coordinador del Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procelac.  Las otros 11 acusados, a quienes también se pidió indagar en función de las pruebas aportadas durante la investigación, serán citados más adelante.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron su pedido de indagatoria en base a que se pudo comprobar que los nombrados integran una “asociación ilícita con carácter estable, permanencia temporal y estructura funcional, al menos desde el año 2002 e ininterrumpidamente hasta la actualidad, destinada a la comisión de múltiples delitos de acción pública con el objeto de conseguir, en la mayoría de los casos, un rédito económico”. Entre esos delitos, se encuentra la trata de personas.

Díaz Vélez, Gonella y Orsi sostuvieron que la organización contaba con una importante estructura funcional al blanqueo de los fondos obtenidos en forma ilícita, caracterizada por la “diversificación de actividades, circulación y aprovechamiento regular de la productividad económica del grupo delictivo”, distinguiéndose el aporte esencial de Adolfo Ángel Alé, Andrea Viviana Acosta, Ángel Adolfo Alé, María Florencia Cuño, Oscar Roberto Dilascio, Víctor Alberto Suárez, Fabián Antonio González, Valeria Fernanda Bestán y Julia Esther Picone. Todos ellos fueron quienes intervinieron directamente en los negocios concretados con los fondos obtenidos de la actividad de la organización, y simulaban tener la titularidad de los bienes para ocultar su procedencia real.

Para esto, se valieron de la constitución de empresas como “Cinco Estrellas S.R.L.”, “Points Limits SRL”, “Transportadora Leonel SRL” y “Gerenciadora Deportiva del NOA”, lo que les permitió contar con una estructura idónea para canalizar en forma eficiente los activos de origen delictivo.

La investigación surgió a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera, que, luego de una denuncia de Susana Trimarco, madre de Marita Verón, detectó diversas maniobras sospechosas de todos los involucrados en la causa. Algunas de las más destacadas fueron la adquisición de decenas de vehículos, varios de alta gama, así como de diversas propiedades inmuebles.