MenúEl Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizó un exhaustivo estudio sobre la actuación de la Policía Metropolitana, desde su creación por parte del gobierno de Mauricio Macri en 2009, y realizó un lapidario informe sobre su funcionamiento, ya que se reiteran las peores prácticas de otras fuerzas de seguridad como la reiteración de casos de gatillo fácil y la represión violenta sin control en los casos de conflicto por el uso del espacio público.
La represión en el Borda se prolongó durante varias horas.
“Desde la represión ocurrida en el Parque Indoamericano en diciembre de 2010, una serie de episodios mostraron modos violentos de actuación de la Policía Metropolitana (PM) en diferentes conflictos en el espacio público, privilegiando la represión por sobre la gestión no violenta a través de instancias políticas de negociación y diálogo. Estas prácticas no pueden atribuirse a errores o excesos de agentes puntuales, sino que responden a decisiones políticas del gobierno porteño orientadas a reafirmar el perfil de fuerza de choque de la nueva policía, al mismo tiempo que tolera el uso abusivo de la fuerza como respuesta a los conflictos relacionados con el uso del espacio público”, sostiene el trabajo.
El trabajo se realizó a partir de la evaluación de lo ocurrido desde la represión ocurrida en el Parque Indoamericano en diciembre de 2010 y analiza además los sucesos de la Villa 31, los desalojos en el Parque Centenario y la Sala Alberdi, la represión en el Hospital Borda, La Boca, Villa 21-24 y los reiterados ataques a los trabajadores de prensa durante la cobertura de las represiones. También analiza la conformación de la fuerza a partir de la participación de agentes provenientes de la Policía Federal, las Fuerzas Amadas y otras fuerzas de seguridad, pese a los cuestionamientos que se les habían formulado.
Del mismo modo, la investigación releva y pone en discusión la inexistencia de un protocolo de actuación frente a la protesta social, la ausencia de una búsqueda de solución política de los conflictos sociales y la falta de políticas de control político e institucional del uso de la fuerza por parte de la Metropolitana.
En ese orden recuerda que Cuando el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro fue interpelado por la Legislatura porteña para que explicara los hechos del Borda, refirió que la PM actuó siguiendo un protocolo, el llamado “protocolo de actuación general”. Sin embargo, ese protocolo no es más que una guía rápida de información para los agentes.
Conforme surge de la Resolución N° 100 de la Jefatura de Policía Metropolitana, ese supuesto protocolo es una “tarjeta con formato tipo tríptico”, con el nombre de “Protocolo General de Actuación Policial”. El folleto forma parte del equipamiento habitual de los efectivos de la PM e indica algunos criterios generales de reacción para casos de flagrancia, allanamientos denuncia y situaciones especiales como explosiones, derrumbes, incendios y actuación frente a la presencia de materiales peligrosos.
En el folleto se incluyen los números de teléfono de defensa civil, la alarma de los bomberos y del SAME en caso de que se presenten las situaciones enumeradas. Seguidamente, se brindan instrucciones básicas para proceder ante las situaciones nombradas, sin abordarlas de manera pormenorizada. En la última carilla del folleto, se presentan salidas rápidas a escenarios de mayor complejidad, como un allanamiento,
La Metropolitana no tiene un protocolo de actuación para casos de conflictos o protestas.
un delito en flagrancia o la presentación de una denuncia penal. En concreto, el supuesto protocolo plantea un escenario genérico con soluciones sumamente acotadas, sin dar detalles específicos para la actuación en casos de protesta social, asemejándose más a un folleto de información ciudadana que a un protocolo de actuación policial. En ningún lugar del documento surgen las palabras “manifestaciones públicas” o “protesta”, y mucho menos criterios de actuación y uso de la fuerza en esos casos.
El informe también da cuenta de una práctica sistemática de la Policía Metropolitana durante su intervención en los casos mencionados: la represión violenta de los trabajadores de prensa que se encontraban en esos lugares para cubrir el desarrollo de los hechos, algo que fue evidente sobretodo en el caso del Borda.
El trabajo recuerda también que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, se encargó de vetar los mecanismos de control diseñados para la nueva fuerza en junio de 2009. “Macri vetó la ley de creación del Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, que representaba la mínima expresión de un organismo de supervisión externo. Sus funciones se limitaban a “recomendar mecanismos de articulación y coordinación permanente entre las distintas agencias de seguridad pública con competencia en la Ciudad con el fin de armonizar y garantizar la implementación de la Ley de Seguridad Pública” y a “proponer mecanismos de monitoreo permanente”.
