Por Rafael Saralegui
Hacía mucho frío en la noche del 29 de agosto de 1994, cuando el subcomisario Jorge Omar Gutiérrez se subió en la estación de Avellaneda al último tren, que tenía por destino final la ciudad de La Plata. Pero él sólo tenía que viajar hasta Quilmes. En la estación Sarandí subieron dos hombres y uno de ellos le pegó a Gutiérrez un tiro en la nuca. El cuerpo sin vida siguió su ruta en un vagón vacío hasta la terminal, donde encontraron su cadáver.
El subcomisario prestaba servicios en la comisaría 2a. de Avellaneda. Austero y honesto había puesto el ojo en un depósito fiscal que estaba cerca de la seccional. Por eso se dijo que el crimen se vinculaba con la llamada “Aduana paralela”, un escándalo que Domingo Cavallo denunció durante la presidencia de Carlos Menem. La familia está convencida de que esa incipiente investigación le costó la vida. Esta semana, en la noche del miércoles 1, un tribunal oral comenzó a reparar tantos años de encubrimiento e injusticia.
La Cámara de Apelaciones y Garantías platense condenó a prisión perpetua al excabo de la Policía Federal Alejandro Santillán y al exefectivo de la bonaerense Francisco Mostajo, como autor material del homicidio por alevosía al primero, mientras que el segundo recibió la misma pena como partícipe necesario.
Santillán ya había sido procesado por el crimen, pero resultó absuelto en 1996 por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones de La Plata, lo que llevó a la familia de Gutiérrez, con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La presentación derivó en una causa que tramitó ante la Corte IDH, que condenó al Estado argentino como responsable por el derecho a la vida y la protección jurídica a favor de Gutiérrez y su familia y ordenó reabrir el proceso penal para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato.
Con la condena de Mostajo y Santillán, se cumplió sólo con la primera parte de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Falta ahora que la Justicia argentina avanzara con investigar a los autores intelectuales del crimen del subcomisario Gutiérrez, que durante años permaneció impune gracias a una extendida trama de encubrimiento desplegada por las dos principales fuerzas de seguridad del país..
Durante estos años hubo protección a los homicidas, torturas a inocentes y otro homicidio, el del comisario Jorge Piazza, de La Plata, asesinado casi diez años después de Gutiérrez de la misma forma: con un tiro en la nuca. Piazza fue asesinado días antes de presentarse a declarar como testigo en el juicio que la familia del subcomisario llevaba adelante ante la Corte Interamericana. El comisario asesinado era quien había investigado a los autores materiales e intelectuales del crimen de Gutiérrez.
“La condena después de tantos años a Santillán y Mostajo hay que pensarla en el contexto de los años 90. Con las discusiones sobre el funcionamiento de la Policía Federal y la Bonaerense y las investigaciones sobre las redes de la ilegalidad como las que estaba investigando el subcomisario. El punto de la familia siempre fue investigar a los autores del homicidio. Siempre tuvieron muy claro que se había tratado de un homicidio político. Y que apenas se había producido el hecho, tanto la Federal como la Bonaerense y el Poder Judicial provincial desplegaron una inmensa capacidad y estrategia de encubrimiento del caso”, explica Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS.
“La discusión además del caso concreto del homicidio es relevante en la actualidad, porque el punto nuestro era la necesidad de la reformas policiales tanto de la Federal como de la Bonaerense, para trabajar sobre controles externos de las fuerzas que permitan hacer un monitoreo y un seguimiento en casos como éstos con mayor exactitud y que no se generen estos niveles de encubrimiento e impunidad. Y que haya, por ejemplo, programas de protección de víctimas y testigos ante casos como estos, donde sientan que realmente pueden hablar. Porque parte del problema fueron las torturas y amedrentamientos a testigos”, agrega. Y resume que más allá de la reparación que significa la condena a los dos homicidas, es necesario llevar adelante las reformas para que el Estado no tenga “la capacidad de encubrir un crimen de Estado, como se lo llamó por el tipo de investigación que estaba realizando”.
Sobre la posibilidad de dar con quienes ordenaron a Santillán y Mostaja que mataran a Gutiérrez, Litvachky, dice que “la Corte IDH obliga al Estado a condenar a los autores intelectuales pero después de una investigación tan tan defectuosa, los más poderosos quedan con más chances de que no se pueda probar su responsabilidad”.
En el juicio que terminó el miércoles 1, sólo se juzgó a los autores materiales del crimen, la otra trama se investigaba en otro expediente. “Existe una causa que tiene que ver con indagar, investigar sobre las responsabilidad intelectuales en la ejecución y aquellos agentes del Estado, como dice la Corte Interamericana, que habían intervenido en la frustración de la investigación y en las trabas. Esa causa tuvo un archivo, se desarchivó y en febrero de este año una fiscalía de La Plata volvió a archivarla diciendo que no se pueden encontrar a las personas responsables. Lo cierto es que en el juicio, por ejemplo, surgió el apodo de una persona, un funcionario de la Policía Federal, que era el que amenazaba a uno de los testigos presenciales. Yo no sé cuánto investiga la Justicia provincial. Ahora a nosotros nos queda la posibilidad del desarchivo de esa causa y estamos evaluando seriamente la posibilidad de pedir el pase a la Justicia federal, por la fuerza interviniente y por la temática, que tiene que ver con la Aduana”, explica Carla Ocampo, abogada de la familia de Gutiérrez
El subcomisario Gutiérrez investigaba lo que ocurría en un depósito fiscal de la firma Defisa, en Avellaneda, de allí su vinculación con el caso de la Aduana Paralela, que Cavallo había denunciado en tiempos de Menem y que remite a la denuncia contra el fallecido Alfredo Yabrán. El titular de Defisa era entonces Julio Ernesto Gutiérrez Conte, quien más tarde fue el CEO de Aeropuertos Argentina 2000, hasta que se peleó con Eduardo Eurnekián, el dueño de la empresa.
“El nombre de Gutiérrez Conte surge durante el debate, porque cuando vienen a declarar los investigadores que llevan adelante el segundo tramo de la investigación, después de la absolución de Santillán, la jueza Garmendia ordena investigar ese depósito y a Defisa. Ahí se realizaron allanamientos en Defisa, se indagó en los domicilios de Gutiérrez Conte como presidente de esa sociedad anónima. Hay todo un expediente en el que Defisa le pide a la Municipalidad de Avellaneda con la firma de Gutiérrez Conte la autorización para funcionar. Esa autorización se la dieron a fines de 1994, es decir, después del crimen del subcomisario Gutiérrez”, explica la abogada.
“Se investigó al directorio, a todos los que estaban mencionados en el directorio, según dijeron los investigadores en el juicio. Ellos decían que no formaban parte, que no facturaban, que iba a pérdidas, pero tenía un funcionamiento de años. En los allanamientos la Gendarmería no deja entrar al grupo de investigación hasta que no llega personal de Aduana. Y entonces se encontraron con formularios típicos de Aduana completamente listos para que alguien los complete, es decir, como si todo estuviera controlado. Tenía sellos, stickers de Aduana, firmas, y después uno solo tenía que hacer era completar qué tipo de mercadería, de bien y no iba a tener ningún control”, agrega Ocampo.
Francisco Gutiérrez, ex diputado nacional, ex intendente de Quilmes y dirigente de la UOM, hermano del subcomisario asesinado, no tiene dudas sobre la autoría intelectual del crimen. “Son indicios bastante concretos. No tengo dudas. Hay que ir construyendo las pruebas. Son todos tipos mafiosos y de mucho poder. La logística está armada y siguen funcionando.Julio Ernesto Gutiérrez Conte era el titular de Defisa. Estuvo también como CEO de Aeropuertos Argentina 2000, hasta que se fue porque terminaron a los tiros.Después del crimen de mi hermano, en 2003 asesinaron al comisario Piazza, que era el instructor de la causa. El había prestado conformidad para declarar en el juicio ante la Corte Interamericana y tres días antes lo matan. Estuvo 14 días desaparecido y lo mataron de la misma forma con un tiro en la nuca. Tenía signos terribles de torturas. Y el cuerpo aparece en un depósito de coches robados de la Policía Bonaerense. Después del crimen de Piazza aparece un aviso fúnebre firmado por Gutiérrez Conte y Aeropuertos Argentina 2000, cuando el comisario no tenía ningún vínculo con ellos”, dice Gutiérrez.
“Gutiérrez Conte no es inocente. Me hizo un juicio y fue desestimado. El tenía un acuerdo para la compra de Telecom y dice que a raíz de mis denuncias se le cae la venta. El juicio lo perdió. Yo digo que la sospecha era que había tráfico de drogas. Mi hermano tenía escrito en una libreta referencias a cocaína. La logística de las empresas permite que por esos depósitos entre y salga de todo”, agrega Gutiérrez.
Tras las dos condenas que se dictaron el miércoles último, la familia del subcomisario Gutiérrez quiere ir por más. Piden que se investigue la muerte del comisario Piazza y lo más importante: que la Justicia acuse al autor intelectual de los dos homicidios.