El gobierno provincial había informado que hubo 67 víctimas.

Por Javier Sinay. “Invocamos el derecho colectivo a la verdad”, dice el juez Luis Arias, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo número 1 de La Plata.  La semana pasada, Arias dio a conocer un meduloso fallo de 191 páginas en el que anotó sus conclusiones en la investigación que hizo sobre la inundación que arrasó a la capital bonaerense el 2 y el 3 de abril de 2013. En el fallo Arias se pronunció críticamente contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires y le ordenó a la administración de Daniel Scioli que haga lo necesario para obtener la cifra final de víctimas, que no es de 67 –como se informó el año pasado desde el gobierno– y que posiblemente tampoco sea de 89, como contabilizó el propio juez. “Nuestro número no es definitivo”, explica Arias. “Además de las 89, hay 16 casos en condiciones dudosas, de los que no hemos tenido prueba suficiente, pero que tienen una gran posibilidad de haber sido fallecimientos como consecuencia de la inundación”. Para el juez, las víctimas no sólo fueron las que murieron ahogadas, sino también las que murieron de modo indirecto: por electrocución o por falta de atención en hospitales, por ejemplo. “Llegamos a estas conclusiones después de un año muy intenso en el que hemos producido prueba, secuestrado documentación, realizado pericias y ordenado allanamientos”, sigue Arias. “Hicimos un rastreo muy detallado sobre ámbitos de la administración provincial, como cementerios y morgues”. El juez anotó en el fallo que pidió “a todas las Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados y Públicos de la Ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada, un informe para que indiquen la cantidad de personas fallecidas desde el día 2 de abril de 2013”, solicitando que fuera dejado en claro “si hay relación entre las muertes y la interrupción del suministro de energía eléctrica”. En su fallo, Arias dejó entrever que hubo una intencionalidad para distorsionar las cifras finales, especialmente en la morgue judicial de La Plata. “En los primeros días, no pudimos acceder a la morgue”, asegura. “Tenemos un expediente de 35 cuerpos de 200 fojas cada uno, que respaldan una investigación muy importante, pero hubo obstáculos también: algunas dependencias públicas no colaboraron y cuando finalmente entramos a la oficina de Policía Científica, secuestré el libro de la morgue llevándomelo yo mismo, bajo el brazo… fue lamentable”. Un capítulo aparte merece el tema de los menores. Extrañamente, no se informó sobre niños o adolescentes en la lista de víctimas. El defensor oficial de menores de La Plata Julián Axat hizo especial hincapié sobre este punto con un habeas data que inició la causa sobre la que ahora falla Arias. Así, el caso llegó al juzgado de Arias, que no investigó de oficio, sino a petición de parte. Y fue Axat quien, apenas caída la última gota, presentó la primera demanda. Varios habeas data se acumularon después en los tres juzgados en lo contencioso y administrativo de la ciudad. Finalmente, la oficina de Arias acumuló todo el caso por haber sido la primera en dar traslado a una demanda, y la causa que empujó a todas las demás fue la número 27.068, caratulada “Rodríguez Sandra Edith c/ Poder Ejecutivo s/ Habeas Data”. “No tenemos familiares que reclamen por ningún menor y no hemos podido probar el fallecimiento de ningún niño”, sigue Arias. “Hay dos que están desaparecidos en Tolosa, pero no sabemos si están vivos o muertos. Las autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense informaron que el padre de esos chicos había dicho que estaban a salvo, pero como había datos sobre esa persona que nos resultaban extraños, fuimos a verla y nos dijo que no tenía nada que ver con ellos, salvo que compartía el apellido. La pista quedó inconclusa”. El propio juez Arias acepta que, como en el caso de esos dos niños, han quedado muchos otros cabos sueltos. “Hace falta una investigación más profunda”, dice. “Hay cosas que pasaron adentro de los hospitales que nunca vamos a conocer bien”. Por otro lado, el debate que mantuvo Arias con el juez de Garantías Guillermo Federico Arias parece haber quedado en el pasado lejano. Los dos jueces se cruzaron en cuanto a la competencia del caso y en junio de 2013 incluso la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó parte en el asunto cuando, vía Twitter, criticó a Atencio, que había dicho que nunca nadie iba a poder determinar el número de muertos. “Yo lo que dije es que nunca nadie iba a poder afirmar categóricamente que el número final de víctimas sea el número real”, explicaba entonces Guillermo Atencio ante Crimen y Razón. “Y eso tiene como base lógica la falibilidad humana. Por ejemplo, si una persona se infartó el día 2 de abril y sale vivo pero muere veinte días después en el Uruguay, no va a haber modo de que el fiscal pueda tomar nota de eso. Mis palabras fueron interpretadas muy mal”. “La discusión se terminó cuando la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires dijo que esta era una causa de competencia contencioso administrativa”, dice Arias. “Acá no investigamos un delito, sino que es una averiguación de causales de muerte, donde ni siquiera había todavía un delito. De modo que un juez penal de Garantías, como Atencio, no tendría que haberse metido, pero el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta fue quien elevó la causa a él. Ese juez se prestó a un ridículo: fue utilizado por quienes apostaron a paralizar el cauce de la investigación para que no se descubrieran más cuerpos”.