Por Germán Garavano

Sin duda, la justicia argentina necesita una profunda transformación y sus integrantes, en muchos casos, no se encuentran a la altura de sus responsabilidades. Sin embargo, aun con sus graves defectos, el Poder Judicial termina siendo el último límite a los abusos del poder político.

El Gobierno parece empecinado, como un niño, en probar la existencia de límites. Hasta acá, podríamos estar frente a una característica propia de la clase política, especialmente de aquella que llega al poder y lo ejerce con una sensación de legitimidad que le borra los límites que las leyes y la propia Constitución establecen. Pero lo extremadamente grave de la situación que estamos viviendo es que nos encontramos, a diferencia de un niño, frente a un poderoso gobierno con una estrategia deliberada de violentar los límites de la Constitución y el Estado de Derecho. Sólo este inédito abuso explica el discurso del presidente de la Corte en el acto de apertura del año judicial.

Tenemos un gobierno que esta incómodo con la Constitución Nacional. El relato, las acciones, las iniciativas normativas y muchas veces las mismas leyes sancionadas, son contrarias a su espíritu e incluso a su texto. Los derechos allí establecidos son los que nos protegen a todos, casualmente de los abusos del propio estado y de terceros que nos afectan. La división de poderes es el eje central de este sistema de protección y el Poder Judicial tiene por última finalidad resguardarnos.

En los últimos años han sido numerosos los ejemplos de leyes o proyectos de ley, resoluciones y acciones de la administración que entran abiertamente en colisión con los principios de nuestra Constitución. La reforma del Consejo de la Magistratura que fue declarada inconstitucional, la ley antiterrorista, el proyecto de ley de abastecimiento, las resoluciones de la Secretaria de Comercio sobre el estudio de precios de la consultoras privadas o la aplicación sin fundamentos objetivos de sanciones a empresas, son sólo algunos ejemplos.

Estamos frente a una batalla cultural cuyo objetivo no parece ser otro que cambiar el marco jurídico que nos rige, ya no por las vías constitucionales sino mediante un complejo entramado de acciones que van desde la sanción de leyes que afectan el Estado de derecho hasta decisiones administrativas que no tienen reparo en violentarlo, todo ello acompañado de un fuerte esquema de propaganda que procura mediante palabras amigables y sensibles justificar dichas acciones. La sociedad no es ajena a este avance sobre las instituciones, pues en la medida en que se debilitan, sufrirá los excesos y los abusos en perjuicio de sus derechos.

La Justicia, lamentablemente, ha quedado en el lugar de poner los límites frente a tanto atropello y por eso es que sufre los inéditos ataques a los que estamos asistiendo. La trágica muerte del fiscal Nisman podría haberse convertido en un punto de inflexión que llevara al Gobierno y a la clase política a reflexionar sobre el creciente deterioro del país en el que vivimos y sus instituciones básicas.

Eso no ha sucedido, y seguimos observando cómo la crisis se profundiza a partir de una violencia verbal del poder político sobre el Poder Judicial jamás vista por mi generación. Las palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia, en presencia de una nutrida concurrencia de jueces de Cortes y jueces Federales de todo el país, y la marcha del 18-F, son señales alentadoras frente al ejercicio arbitrario del poder.

Sin embargo, la población debe estar cada vez mas atenta y comprometida con la defensa de la instituciones, aun de aquellas que puedan tener profundos defectos como la Justicia, pero que son, en definitiva, una pieza esencial del sistema democrático. El fortalecimiento de la república y el desempeño de la Justicia en el marco de la Constitución crearán un ámbito fértil para progresar en libertad.

Fuente:La Nación.