Viale con su esposa.

Por Rafael Saralegui

La causa por el asesinato del agente de inteligencia Pedro “El Lauchón” Viale tiene aún muchos puntos oscuros, pese a la detención y el procesamiento de los policías bonaerenses pertenecientes al Grupo Halcón que participaron en el procedimiento que terminó con once tiros en el cuerpo del dueño de casa, en La Reja, partido de Moreno, un año atrás.

Hace diez días, el juez federal de Morón Juan Pablo Salas ordenó las detenciones luego de procesar a los diez policías por el delito de homicidio agravado por abusar de su función o cargo siendo miembro integrante de una fuerza policial, incluidos los jefes que llevaron adelante el operativo.

Las detenciones fueron dispuestas por la calificación del delito –que tiene una pena de prisión perpetua– y concretadas por el jefe de la Policía Bonaerense, Hugo Matzkin, responsable directo del Grupo Halcón, a quien el juez Salas le encomendó las aprehensiones.

En su resolución, el juez Salas fue contundente, al cuestionar la forma en que el Grupo Halcón ingresó en la vivienda de Viale:

“Sin que mediaran los motivos de orden público ni urgencia por los que el magistrado autorizara el uso de la fuerza pública o los servicios de un cerrajero, ingresaron violentamente mediando la efracción de la puerta, no identificándose como policías, provocando la reacción del imputado y a pesar de que este solicitara que se identificaran como policías, y abusando de su función, dieron muerte a Pedro Tomás Viale”.

“Tanto la utilización del Grupo Halcón como el modo en que se desarrolló el accionar del mismo, tuvo en miras el daño final causado, y que nunca existió en la intención de los autores la sola idea de la correcta ejecución de una orden ajustada a los estándares que posibilitaran la realización de un procedimiento regular e incruento”.

“A modo de colofón, sólo resta señalar que la forma de ingreso (a la vivienda) rememora prácticas de antaño, propias de gobiernos de facto, cuyas nefastas consecuencias aún hoy seguimos lamentando”.

Viale apareció en unas escuchas telefónicas en una causa que estaba a cargo del juez Juan Manuel Cullota, en la que se investigaba a una supuesta banda de narcotraficantes, aunque luego los procedimientos dieron resultados negativos. En consecuencia, la policía ya sabía que El Lauchón era personal de la Secretaría de Inteligencia (SI) porque estaba al tanto de la pesquisa.

En los casos en los que aparece involucrado algún efectivo de una fuerza de seguridad en un delito lo habitual es que se notifique al titular del organismo para concretar el arresto. Esto es lo que se podría haber hecho si quería detener al agente sin matarlo, pero no se hizo. Y es lo que se hizo ahora, por caso, para detener a los efectivos del Grupo Halcón involucrados en el homicidio de Viale.

Además, Viale conversaba con uno de los investigados, según se probó luego, sobre el pago de los impuestos de unos terrenos cercanos a su casa que estaban desocupados con el fin de obtener su propiedad, una figura legal denominada usucapión. Es decir, en las escuchas no se lo vinculaba con el tráfico de drogas, que era el origen de la causa.

“Chapa, chapa”, gritó Viale cuando los efectivos del Grupo Halcón ingresaron en su casa durante el amanecer del 9 de julio de 2013. De esa forma, buscó identificarse, pero de todos modos recibió los once tiros. “Fueron muchos los disparos que se hicieron a corta distancia. Ese es uno de los puntos que tenemos como un elemento más de sospecha de que esto fue una ejecución”, dijo a la revista Veintitrés el abogado Santiago Blanco Bermúdez, que representa a la familia de Viale.

Si el agente fue directamente ejecutado y no se buscó lograr su arresto de manera incruenta, la pregunta es ¿quién dio la orden? El Grupo Halcón depende orgánicamente del jefe de la bonaerense, Hugo Matzkin, y el máximo jefe de la fuerza es el gobernador Daniel Scioli. “Este fue un mensaje para nosotros”, arriesga un jefe de la SI. Y analiza la muerte del espía como parte de una guerra en la que se pelean la Bonaerense, la SI y el servicio de Inteligencia del Ejército, a cargo del general César Milani. Matzkin y el entonces ministro de Seguridad, Ricardo Casal, habrían estado aliados el año pasado con Milani, el hombre fuerte de la inteligencia en la Argentina, pese a que por ley el Ejército no puede realizar inteligencia interior, agrega la fuente. El servicio de inteligencia del Ejército tiene en la actualidad 1250 empleados y la SI, 1800. El presupuesto es casi similar, 400 millones de pesos en un caso y 600 millones en el otro. Milani y sus muchachos pasaron a ser los preferidos, mientras fueron desplazados los históricos de la SI.

Otros datos probarían que Viale fue ejecutado. El hijo del agente llegó esa madrugada con su novia y fue arrestado por la policía que esperaba afuera para realizar el operativo, sin la presencia del fiscal, el juez, ni de los dos testigos, como indica el Código de Procedimientos. Los policías hicieron que el hijo de Viale abriera el portón automático del chalet. También le podrían haber pedido que abriera la puerta de la casa, encendiera la luz y le dijera a su padre que lo buscaba la policía. Pero eso no se hizo. Los halcones derribaron la puerta a golpes y empezaron a los tiros. La fuente concluye: “Está claro: la orden era matarlo”.