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La Corte no confirma el cierre de una causa por espionaje de periodistas oficialistas

El columnista de La Nación había sido procesado por la jueza Arroyo Salgado.

Pagni es el principal analista político de La Nación.

La Corte Suprema de Justicia sigue sin cerrar el expediente por presunto espionaje que involucra a figuras del periodismo como los ex compañeros de Ambito Financiero Carlos Pagni y Roberto García, ex funcionarios como Juan Bautista “Tata” Yofre y ex empleados de la inteligencia como Iván Velázquez y Pablo Carpintero.

El caso fue cerrado por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado (ex del fallecido fiscal Alberto Nisman) en enero del 2016 pero hubo un requerimiento de la fiscalía a cargo de Sebastían Basso (cercano a Justicia Legítima) y el expediente terminó en la calle Talcahuano.

Los implicados han hecho diversos esfuerzos para que la Corte termine por cerrar el caso y confirme lo resuelto por Arroyo Salgado. Pero al día de hoy no sucede. En el cuarto piso dicen que el gestor del tema fue Carlos Rosenkrantz pero como en los últimos meses perdió mucho peso interno en los  acuerdos de los martes  la cuestión nunca pudo ser abordada.

El sobreseimiento tiene un problema de fondo. En 2012, Arroyo Salgado aseguraba en una resolución que el “caudal probatorio reunido en estas actuaciones no dejaba lugar a dudas de la existencia, cuanto menos desde agosto de 2006 y hasta junio de 2008, de una empresa criminal…”.
Pero cuatro años más tarde, en el primer verano con  Mauricio Macri presidente, directamente optó por el sobreseimiento de todos los acusados de usar informes de inteligencia obtenidos por medios ilegales.
Arroyo Salgado había procesado a Yofre, Pagni y el resto de los acusados por de asociación ilícita, espionaje y sustracción de registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona en el interés del servicio público y la Cámara Federal de San Martín confirmó los procesamientos, pero luego la jueza se arrepintió de su propia investigación y decidió sobreseer a los imputados.
La causa por presunta violación de secreto de Estado comenzó en agosto de 2006 por una denuncia de la SIDE que había detectado un sistema para recabar escuchas ilegales y que habría sido utilizado por los nombrados.

La acusación no era menor: la banda está acusado de haber pinchado los correos electrónicos de dirigentes políticos como la actual candidata vicepresidente, Cristina Kirchner, entre otros. Sólo ese nombre hace pensar que el tema no se resolverá en breve.

Los periodistas investigados por difundir información ilegal argumentaron en su defensa, con distintas fundamentaciones, que se reservaban el derecho de mantener en el anonimato las fuentes y en el desconocimiento del origen de las mismas.


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