Lorenzetti pateó el tablero con la acordada.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) resolvió ayer que las causas que se le asignaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº9 de la Capital Federal, entre ellas las que tienen a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner entre los acusados por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA y asociación ilícita por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, sean sorteadas nuevamente. 

La resolución se plasmó a través de la Acordada Nº4, en la que el máximo tribunal nacional, en duros términos, no hizo lugar a la habilitación del mencionado tribunal, que había sido reconvertido de “ordinario” en “federal” por el Consejo de la Magistratura de la Nación -dominado por Cambiemos- siguiendo la ley 27.307, sancionada en 2016.

Ello implicaba que los jueces Alejandro Noceti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra -integrantes del Tribunal Oral Nº10 porteño- pasarían de juzgar hurtos, robos u homicidios a la criminalidad organizada, como la trata de personas y el narcotráfico y, en especial, los delitos cometidos en el ámbito de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es decir, causas sensibles para la política.

La acordada -una decisión de índole administrativa, que no se produjo en el marco de un pleito judicial- criticó con especial énfasis que la Cámara Federal de Casación Penal incluyera al fugaz TOF Nº9 en los sorteos de causas sin que haya sido habilitado por la Corte.

En ese sentido, exhortó a Casación a que “se abstenga de realizar actos que excedan su ámbito de competencia, en especial aquellos que puedan afectar la debida prestación del servicio de justicia” y, con el voto de todos sus integrantes -Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Elena Higton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz- ordenó que las causas en cuestión sean sorteadas nuevamente entre los ocho tribunales federales restantes.

Sin habilitación

Pero lo dispuesto por la CSJN no fue sólo eso. Con la mayoría integrada por Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, el máximo tribunal directamente no hizo lugar a la habilitación del Tribunal Nº9. 

Respecto a ello, los magistrados observaron que el nombramiento de Noceti Achával, Mora y Becerra se produjo sin la necesaria intervención del Senado, que es el órgano que presta su acuerdo ante los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo de la Nación, surgidos de los concursos que lleva adelante el Consejo de la Magistratura. Eso, recuerda la acordada, constituye “un excelente freno sobre el favoritismo presidencial” en el marco de un proceso complejo de designación, garantiza a la ciudadanía que los planteos llevados a la justicia serán decididos por jueces “plenamente legitimados” por la Constitución Nacional y respeta la división de poderes. Nada de eso había ocurrido en el caso.

La situación se asemeja a la de Carlos Mahiques -ex ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y padre de Juan, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, e Ignacio, fiscal que participa en la instrucción de la causa por  asociación ilícita contra CFK-, quien pasó de la Casación Nacional a la Federal, y a la de Leopoldo Bruglia, quien ayer mismo se reconvirtió de juez de un tribunal oral federal a integrante de la Cámara Federal de Apelaciones. Ninguno concursó para desempeñarse en los cargos que ahora ejercen.

Los federales que no fueron

El diario Página12 había publicado, respecto de los jueces ordinarios que no llegaron a ser federales, que “Noceti Achával es considerado un ultraconservador de posturas duras y fue cuestionado por organismos de derechos humanos cuando en un juicio por crímenes de lesa humanidad en Mendoza donde era subrogante, dijo que son delitos que prescriben. Mora es la esposa del camarista civil Ricardo Recondo, ex titular de la Asociación de Magistrados, que hacía campaña antikirchnerista. Becerra es de carrera judicial, perfil conservador e hijo de un general del Ejército”.