La Cámara Federal de Casación Penal dispuso este lunes que se realicen los juicios orales por las causas Hotesur-Los Sauces, por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero, y del Memorándum de Entendimiento con Irán, por presunto encubrimiento, en los quela principal acusada es la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Con los votos de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, de la Sala I, el máximo tribunal penal del país dejó sin efecto los sobreseimientos que dictaron los tribunales orales respectivos, hace dos años.

Sin embargo, esas medidasse pueden apelar ante la Corte Suprema de Justicia.

En el caso Hotesur-Los Sauces, donde hay imputaciones por asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de propiedades y hoteles pertenecientes a la familia Kirchner, los jueces revocaron los sobreseimientos dispuestos por el Tribunal Oral Federal 5 a fines de 2021.

Van a juicio

No obstante, ratificaron que queda fuera del proceso Florencia Kichner, hija de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, porque tenía 12 años en el momento en que se habrían producido los hechos.

Así, Casación dispuso que vayan a juicio oral la actual Vicepresidenta de la Nación, su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner; Romina Mercado, Patricio Pereyra Arandia, Lázaro Báez, Martín Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Leandro Báez, Sabrina Báez, Carlos Sancho, Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre otros.

Asimismo, fueron apartados los jueces del TOF 5 Daniel Obligado y Adrián Grünberg.

Esos jueces habían dicho que los fondos que se habían usado para pagar alquileres de habitaciones en el complejo hotelero -la base de la sospecha de supuesto lavado de dinero- eran de «origen lícito» pues estaban bancarizados y «estuvieron respaldados por normas y decisiones emanadas de organismos oficiales y/o autoridades».

Además, aquellos magistrados habían sostenido que debía aplicarse la ley más benigna, y que hasta 2011 -los hechos investigados habrían ido desde 2008 hasta 2015- el «autolavado» (maniobra para blanquear dinero propio) no estaba contemplado por la ley argentina.

«La apariencia de licitud de los activos estuvo dada desde el primer momento; es decir, desde que se realizaran los traspasos de fondos por las contrataciones de obra pública, licencias o concesiones, o se dispusieran beneficios impositivos o de otro tipo; todos ellos respaldados por la normativa de rigor», habían sostenido Obligado y Grünberg.

Los jueces de Casación Barroetaveña y Petrone objetaron ese planteo.

Memorándum con Irán

En cuanto al Memorándum de Entendimiento con Irán firmado en 2013, cuyo objetivo era destrabar la investigación del atentado a la mutual judía AMIA (de 1994, que provocó 85 muertes), Barroetaveña y Petrone también revocaron los sobreseimientos y ordenaron que se haga el juicio oral.

El Tribunal Oral Federal 8 había sobreseído, también en 2021, a la expresidenta y otros consortes de causa que estaban acusados de encubrimiento de aquel atentado.

Ahora la Casación resolvió revocar esa medida y ordenó el debate oral y público. También dispuso apartar a los jueces del TOF Daniel Obligado y José Antonio Michilini y a la jueza Gabriela López Iñiguez.

El Memorándum tenía como objetivo, según el Gobierno de entonces, acelerar el esclarecimiento del atentado con, entre otras acciones, interrogar en el exterior a los jerarcas iraníes acusados por la masacre.

El acuerdo lo aprobó el Congreso argentino, mientras que Irán lo hizo a través de una medida del poder ejecutivo.

El fallecido fiscal Alberto Nisman denunció a Fernández de Kirchner y otros dirigentes y funcionarios kirchneristas de encubrimiento del atentado a través de este instrumento, pero finalmente los jueces del TOF 8 sostuvieron, en síntesis, que «el Memorándum de Entendimiento con Irán, más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito».