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La Cámara de Casación decide si abre la denuncia de Nisman

La Sala I escuchó a los abogados de la DAIA, de Timerman y Larroque. Tiene 20 días para resolver si la denuncia se convierte en una causa.

La denuncia de Nisman nunca se investigó.

La denuncia de Nisman nunca se investigó.

La última posibilidad de que la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner se convierta en una causa judicial se jugó hoy en una audiencia que llevó adelante la Cámara Federal de Casación Penal para escuchar los argumentos de la partes.

La Sala I del máximo tribunal penal escuchó los argumentos de los abogados de la DAIA, que pidió ser querellante en la causa y ahora tendrá 20 días hábiles para resolver la cuestión.

La denuncia de Nisman fue desestimada dos veces por el juez federal Daniel Rafecas y por la Cámara Federal y el fiscal de Casación Javier de Luca también consideró que no había motivos para abrir la denuncia presentada por Nisman cuatro días antes de su muerte.

Por eso la última jugada fue la de los abogados de la DAIA quienes les dijeron a los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Ana María Figueroa es «inevitable abrir y mínimamente investigar» los hechos denunciados por Nisman.

En concreto la denuncia de Nisman sostenía que el memorandum firmado con Irán fue una maniobra llevada adelante por el gobierno de Cristina Kirchner para encubrir a los iraníes acusados por el atentado contra la sede de la AMIA.

La audiencia  estuvo presidida por la jueza Figueroa, quien pasadas las 10.15, le dio la palabra a los abogados de la DAIA, Santiago Kaplun y Leonardo Camiser, quienes se sentaron junto al presidente de esa entidad, Ariel Cohen Sabban.

«Solicitamos que se anule el fallo de la Cámara Federal», sostuvo Camiser en el comienzo de su intervención, en la que luego pidió también que se «remueva a los jueces inferiores» que se opusieron en dos oportunidades a investigar la denuncia de Nisman.

El pedido de reabrir la denuncia de Nisman presentado por la DAIA se basó en dos elementos: la grabación de una llamada entre el entonces canciller Héctor Timerman y el ex titular de la AMIA, Guillermo Borger, en la que ambos se referían a la supuesta responsabilidad de Irán en el atentado y el hecho de que el Memorándum de Entendimiento fue declarado inconstitucional.

Esa conversación privada fue grabada sin autorización y sin haber sido ordenado por ningún juez, por lo que su validez es cuestionable. De todos modos, no revela nada extraordinario: Timerman admite que los acusados son los iraníes y que por eso negoció con ese gobierno para intentar que avanzara el expediente.

Kaplun, que además es secretario general de la DAIA, retomó la presentación de su compañero y se preguntó: «¿Qué hubiese pasado si estuviera vigente el Memorándum? Hoy, señores jueces, ustedes tienen la posibilidad de desandar el camino de la oscuridad».

Los abogados de la DAIA quisieron leer en un momento de la audiencia el texto que tenían preparado, pero los jueces les recordaron que la argumentación debía ser en forma oral, pero sin leer.

Por el lado de los denunciados, se presentaron los abogados del ex canciller Héctor Timerman, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, y la abogada Lucia Larrandart, en representación del diputado nacional Andrés Larroque.

Rua y Peñafort expusieron una decena de argumentos por los cuales consideraron que no debía reabrirse la investigación, entre los que destacaron, la «desestimación por inexistencia de delito» en instancias anteriores, el «desistimiento del Ministerio Público Fiscal» de impulsar la acción y «la invalidez de uno de los pretendidos nuevos elementos probatorios», en referencia al audio cuyo grabación nadie se atribuye.

Ambos abogados cuestionaron, además, que los mismos hechos formen parte de una causa «paralela», a cargo del juez Claudio Bonadio, en la que su defendido, Timerman, está siendo investigado por la presunta comisión del delito de «traición a la Patria».

Peñafort sostuvo que el tema será llevado ante organismos internacionales porque «estamos ante casos de denegación de Justicia», aseguró que «no hubo delito» en la firma del memorándum de entendimiento con Irán y afirmó que se está dando «una persecución política» a los funcionarios del gobierno anterior.

A su turno, Larrandart indicó que los hechos denunciados no coinciden con «conductas tipificadas como delito, por lo que no hay nada que investigar» y remarcó que la DAIA quiere ser tenida como querellante en una «causa inexistente».

Para finalizar su exposición, la abogada de Larroque citó un pasaje de una nota publicada en la revista digital Anfibia sobre la muerte de Nisman: «Cuando lo policial y lo político se mezclan, los casos se convierten en una cuestión de fe: la realidad llega al extremo de lo subjetivo; en el barro mediático, quizá triunfe la operación mejor orquestada».