Por Javier Sinay.-
«Resulta difícil que un alto dirigente político del partido de gobierno pueda poseer las condiciones de independencia y autonomía que el cargo de Fiscal General requiere”, se lee en una impugnación firmada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y otras organizaciones. El escrito fue presentado el viernes 15 de noviembre ante la Subsecretaría de Justicia de la Ciudad para objetar las pre-candidaturas de Martín Ocampo y de Yael Bendel como Fiscal General y Asesora General Tutelar de la Ciudad –respectivamente-, con la consideración de que ninguno de los dos cumple con los criterios mínimos de idoneidad, ni ofrecen las garantías de independencia que los cargos necesitan.
El asunto comenzó el 28 de octubre, cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inició gestiones para reemplazar a los titulares la Fiscalía General de la Ciudad (órgano que actúa ante los tribunales de la Ciudad y que lleva adelante las investigaciones y acusaciones penales); de la Defensoría General de la Ciudad y de la Asesoría General Tutelar (que tiene por objetivo la protección de los niños, niñas y adolescentes y de las personas afectadas en su salud mental). Entre los nuevos nombres, despertaron rechazo los de Martín Ocampo –legislador porteño del PRO y actual presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura- y Yael Bendel -directora del Consejo de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente; cercana a la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal-. En tercer lugar, Horacio Corti, camarista del fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño (y hombre ajeno al macrismo), se presenta como candidato a Defensor General de la Ciudad.
La impugnación a la postulación de Martín Ocampo fue firmada por siete organizaciones: Asociación Americana de Juristas (rama Argentina), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Directorio Legislativo, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Poder Ciudadano, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI). A estas organizaciones se sumaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) para impugnar la postulación de Yael Bendel, candidata a ser Asesora General Tutelar.
Según la presentación, “el candidato Ocampo ha sido durante los últimos años Diputado de la Ciudad de la bancada oficialista, tras haber integrado en dos oportunidades la de candidatos del partido de gobierno. Asimismo, como se verá, no presenta antecedentes de relevancia más que el hecho de haber ocupado diversos cargos públicos vinculados a su militancia partidaria”. “La independencia es fundamental en un organismo que debe actuar en las causas judiciales de interés público en las que son parte el Gobierno de la Ciudad y, eventualmente, los propios funcionarios de gobierno”, dicen a Crimen y Razón desde INECIP. Y destacan sus escasos antecedentes en materia penal.
Sobre Yael Bendel, las organizaciones resaltaron que no es especialista en la temática, que no ha realizado estudios de especialización y que únicamente ha ocupado cargos en el Poder Ejecutivo, a los que no accedió mediante concurso. Según el escrito, el hecho de que su acercamiento a la temática esté vinculado a los cargos políticos en los que fue designada, degradaría su independencia de criterio.
“Consideramos que es preocupante que personas que carecen de idoneidad y de criterio de independencia sean promocionadas para ocupar cargos sumamente sensibles para la protección de los derechos de los porteños. Y esperamos que el Poder Ejecutivo reconsidere las candidaturas”, dicen desde INECIP.