Macri y Aguad serán investigados por encubrir el hallazgo.

El ex presidente Mauricio Macri y el ex ministro de Defensa Oscar Aguad fueron denunciados por encubrimiento agravado por ocultar durante un año la ubicación del submarino ARA San Juan después del hundimiento.

Quién reveló esa información fue el contraalmirante Enrique López Mazzeo, quien al declarar ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dijo que el gobierno de Cambiemos sabía con exactitud el sitio donde estaba el buque.

Apenas 20 días después del naufragio un buque de la Armada de Chile informó sobre un objeto de unos 30 metros que estaba a unos 900 metros de profundidad.

Sin embargo, recién un año más tarde, tras la búsqueda que realizó una empresa privada contratada por el gobierno se informó en forma oficial del hallazgo.

La denuncia que presentó la abogada Valeria Carreras, que representa a la querella mayoritaria de familiares, plantea una hipótesis inquietante sobre el motivo del ocultamiento.

Hipótesis

Y es que vincula el acuerdo Foradori-Duncan que se firmó en 2016, por el cual se hicieron concesiones a Gran Bretaña para la exploración de hidrocarburos en la plataforma marítima del Atlántico Sur.

«Se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos», decía el comunicado que firmaron los vicecancilleres de los dos países.

La denuncia retoma el acuerdo que se consideró un paso atrás en el reclamo de soberanía por parte de la Argentina respecto de las Islas Malvinas.

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«A menos de un mes de la desaparición del Submarino Ara San Juan desde la Secretaria de energía y minería de la Nación a cargo en ese momento del Ingeniero Juan José Aranguren, se ofreció a través licitación internacional el
área del Atlántico Sur adyacente al lugar donde finalmente encontró el final trágico el último submarino en funciones de la Argentina, zonas para exploración y explotación de gas, petróleo, hidrocarburos», dice la denuncia.

«Para que el negocio sea rentable, es conveniente contar con la batimetría y prospección del suelo y subsuelo de la plataforma marina, algo que es costoso. Al realizar una búsqueda de este tipo, se utilizan equipos que además de buscar relevan dicha información», agrega el texto.

Contrato cuestionado

Y plantea que entonces no era conveniente continuar la búsqueda en el lugar que que marcó el buque chileño Cabo de Hornos, apenas 20 días después del naufragio. De esa forma, se hacía menester «discontinuar la búsqueda para generar el pedido legítimo de las familias de contratar empresa de búsqueda».

Tras la finalización del operativo internacional conjunto, el gobierno de Macri contrató a una empresa privada para que localizara el submarino.

Carreras recuerda en la denuncia que Aguad designó una comisión evaluadora y que de la contratación directa surgió pre adjudicada la empresa IGEOTEST «la cual se especializa en prospecciones del lecho marino y tendido de
plataformas hidrocarburos. Esta querella la impugnó, y se dejó sin efecto la elección de la misma».

Agrega la denuncia que «luego de tal “maniobra” el Gobierno, a través de Aguad decide volver a llamar a compulsar pero deja el pliego en manos de la ARMADA, siendo muy llamativas algunas de sus cláusulas, las cuales deberán ser pedidas vía oficio a dicho organismo. Llama la atención que las especificaciones técnicas incluyen relevamiento y
batimetría completa entre otros pedidos».

Primera declaración

No es la primera vez que López Mazzeo declara en la Justicia que el gobierno de Macri sabía la ubicación del submarino y lo ocultó durante más de un año.

Cuando prestó declaración indagatoria el 25 de noviembre de 2019 ante la jueza Yáñez, López Mazzeo dijo: “Nunca
presencié mayor ignominia hacia la Armada, que la actitud cobarde y mentirosa de quien fuera su Jefe en aquellos momentos, así como la de algunos pocos que lo secundaron y de quienes -movidos por intereses personales- causaron la demora en el hallazgo del naufragio, ignorando y desprestigiando el trabajo profesional al que
afanosamente se entregó el personal naval durante la búsqueda de sus camaradas naufragados».

Aseguró entonces que «se extendió en forma inaudita la agonía de los familiares y seres queridos, integrantes de la familia naval, a la que pertenezco junto con mi propia familia, al negarles, durante todo el tiempo en que veladamente se discontinuó con la búsqueda del ARA San Juan, el derecho a un duelo de sus seres queridos, muertos en acto de servicio”.