Gils Carbó busca combatir la corrupción de las fuerzas.

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creó el área de «Corrupción en las fuerzas de seguridad» dentro de la estructura de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), con la finalidad de investigar «la obtención de beneficios patrimoniales y enriquecimiento ilícito de agentes en distinto nivel jerárquico», informó el sitio Fiscales.

La decisión de Gils Carbó fue formalizada a través de la resolución PGN 1778/2013, que refiere «la interrelación entre el abuso y la violencia institucional y la configuración del entramado de corrupción».

El área será coordinada por un integrante de la Procuraduría y su titular, el fiscal Abel Córdoba, será el encargado de definir «las estrategias de intervención, coordinación y evaluación de la actuación fiscal en la materia».

El nuevo área de «Corrupción en las fuerzas de seguridad» se sumará a las ya existentes de «Violencia en instituciones de encierro» y «Violencia policial», que funcionan en el ámbito de la Procuvin.

En la resolución, Gils Carbó tuvo en cuenta la firma, en marzo pasado, de un Convenio marco de cooperación mutua entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad de la Nación con el fin «de generar y fortalecer procesos de asistencia en investigaciones judiciales seguidas por corrupción policial».

En ese sentido, la procuradora general tuvo en consideración que es «imprescindible orientar la actividad requirente a las diversas manifestaciones de la ilicitud cometida desde las fuerzas de seguridad, considerando las características de la organización institucional, en particular, la verticalidad y las representaciones de los factores de poder dentro de ésta».

Gils Carbó puntualizó que «se debe atender a la victimización de personas con escasa capacidad de reacción frente al sistema penal, el acrecentamiento ilegal de poder a favor de funcionarios públicos, la obtención de beneficios patrimoniales y enriquecimiento ilícito de agentes en distinto nivel jerárquico, y un impacto diferenciado del gobierno policial hacia distintos colectivos sociales, como también la regulación arbitraria e ilegal de estructuras delictuales en función de intereses corporativos contrarios a la razón de existencia de las fuerzas de seguridad».