Cristina, Cobos y Kirchner.

El juez federal Ariel Lijo procesó hoy al ex superintendente de Servicios de Salud y recaudador de la campaña electoral de Cristina Kirchner Julio Cobos en 2007, Héctor Capaccioli, por supuesto lavado de activos provenientes de un delito, a raíz de aportes por más de 800 mil pesos hechos por droguerías cuyo origen se presume podría ser el tráfico de efedrina, la mafia de los medicamentos u otras actividades ligadas al narcotráfico internacional.

En el fallo de 146 carillas firmado hoy, el magistrado procesó además por el mismo delito al ex legislador porteño Sebastián Gramajo y a Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone, la viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez cuya autoría intelectual se atribuye a Ibar Pérez Corradi.

Todos fueron embargados por 3 millones de pesos en base al delito de «lavado de activos provenientes de un delito» y sus procesamientos fueron sin prisión preventiva, por lo cual seguirán en libertad.

“Se terminó demostrando que parte del financiamiento que se obtuvo para la campaña, fundamentalmente el que tenía que ver con el aporte de las droguerías, tenia origen ilegal y, por lo tanto, era una operación de lavado de dinero”, dijo Lijo en declaraciones a radio Nacional.

Capaccioli era el responsable de la Mesa Ejecutiva del Frente para la Victoria y recaudador de la campaña electoral que en 2007 llevó a la presidencia de la Nación a Cristina Fernández de Kirchner y a la vicepresidencia a Julio Cobos.

Gramajo era el responsable político de esa alianza electoral y los demás empresarios ligados a droguerías que fueron cuestionadas en varias causas judiciales, entre ellas la llamada «mafia de los medicamentos» y causas penales por tráfico de efedrina.

Para el magistrado, de hecho, está probado que el dinero aportado por ellos a la campaña del kirchnerismo a través de las droguerías “Multipharma”, “Global Pharmacy” y “Seacamp”, un total de 886 mil pesos, tenía «origen ilícito» y se entregó «a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener apariencia de licitud».

«Néstor Lorenzo y Héctor Capaccioli fueron los encargados de aquella puesta en circulación y se sirvieron de la campaña presidencial de la alianza ‘Frente para la Victoria’ del año 2007 para llevarla acabo. Los cheques por medio de los cuales se realizaron los aportes fueron entregados por Lorenzo a Sebastián Gramajo en el propio despacho de Capaccioli», argumentó el juez en su fallo.

Asimismo, se estableció que las empresas aportantes “Multipharma, “Global Pharmacy” y «Seacamp» eran presididas por Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone, respectivamente.

Lijo consideró que ese dinero no podía justificarse con la actividad de las droguerías y conjeturó que «no les pertenecía» y era una forma de ingresarlo al circuito legal.

Para ello se firmaban cheques que se entregaban a los recaudadores y cuando llegaba el momento del cobro en el banco, se cubría el monto necesario con depósitos en efectivo que alguien realizaba a través de las cajas de atención al público de las entidades.

Tanto Bellone como Lorenzo, Brito y Torres están procesados en otra causa penal por delitos cometidos con medicamentos, en la causa conocida como la «mafia de los medicamentos»: todos esperan ser sometidos a juicio oral como miembros de una asociación ilícita y por ello Lijo dio por probado el vínculo delictivo y uno de los posibles orígenes del dinero.

“Ninguno de los aportantes tenía la capacidad económica para hacer los aportes que hicieron”, sostuvo Lijo y recordó, además, que, de hecho, algunas esas personas «están hoy procesadas por asociación ilícita en la causa de la mafia de los medicamentos, o imputadas con presunciones severas en la causa de tráfico de efedrina”.

Según dijo, todo esto hizo que la investigación fuera muy “compleja” y que la causa se haya extendido en el tiempo, “mucho más de lo que es aconsejable”.

“La complejidad de la investigación, las vicisitudes procesales que tuvo y las pericias contables que se requirieron, hicieron que la causa se demorara muchísimo más de lo que me hubiese gustado”, reconoció el juez.

Pero además aludió a indicios de que el dinero pudo provenir de narcotraficantes mexicanos y recordó que el fallecido Forza aludió según testimonios a ese delito como origen de los fondos que aportó su empresa.

También recordó que en la causa que investiga el triple crimen de General Rodríguez aparecen tanto Lorenzo como Torres y el fallecido Forza cambiando cheques en cuevas y allí «se relacionaban y conocieron» a muchos empresarios vinculados al tráfico de efedrina, como Pérez Corradi, por lo que el dinero también pudo tener ese origen.