Lewis no podía comprar las tierras por ser extranjero.

El viaje de un grupo de jueces, dos máximos directivos del Grupo Clarín, exespías y funcionarios del gobierno porteño a la mansión del magnate Joe Lewis en Lago Escondido puso de manifiesto algo que todos suponen que existe, aunque es difícil de probar.

Esto es: que grupos del poder económico, “el poder real», operan y manipulan sobre jueces en actividad para obtener favores, beneficios y fallos en su provecho, o de los intereses que defienden como corporación.

Algo similar ocurre desde siempre con la obra pública. Existió siempre la suposición de que las empresas pagan coimas a los funcionarios de turno para que les adjudiquen contratos millonarios que sólo el Estado puede costear.

Los famosos cuadernos del chofer Centeno venían a cubrir ese bache imaginario: desde el macrismo se dieron por válidos los supuestos escritos, que mostraban un esquema de pagos periódicos de sobornos. Luego un peritaje demostró que las escrituras tienen muchísimas irregularidades, lo que pone en duda su verosimilitud.

Quemá esos chats

Ahora los chats que se conocieron el domingo con un intercambio mensajes y audios de los viajeros para armar una estrategia sobre los motivos y las formas del viaje de octubre presentan las mismas dudas.

El ministro de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, sostuvo que ese grupo de chat nunca existió y que se trató de un armado para tapar el inminente fallo de la causa Vialidad en la que CFK es la principal imputada.

“Quiero dejar bien en claro que estamos frente a una operación. Se montó una situación inexistente. Fuimos violados en la intimidad. Se nos hackearon los teléfonos .Son sectores que se manejan de esta manera. Lo que hicieron es un delito. Dan por sentado que, aún naciendo de un delito, es verdad y sobre eso hay que dar explicaciones”, dijo el funcionario a Radio con Vos.

Como en la causa de los cuadernos, ahora la suposición de algunos es que los chats se armaron para generar una suerte de guión entre los viajeros que buscan tapar el primer escándalo, cuando se conoció que habían ido en un vuelo privado a la mansión del millonario británico amigo de Mauricio Macri en la Patagonia.

Las dudas

Reales o no, los chats que se conocieron el fin de semana también tuvieron su efecto. Pusieron en duda la imparcialidad de un sector de la Justicia y le dieron verosimilitud a la denuncia del kirchnerismo sobre la existencia de un pacto entre un sector del Poder Judicial, el Grupo Clarín y la oposición.

Que se conocieran los chats apenas horas antes de lo que parece un fallo cantado en contra de la vicepresidenta tiene su razón de ser: a esta altura pocos creen en la imparcialidad de los jueces que deben dictar sentencia en la causa Vialidad, como consecuencia de los partidos de fútbol en la quinta de Macri.

En la causa Vialidad ocurre algo similar: se da por aceptado que se le dieron obras a Lázaro Báez por su amistad con Néstor Kirchner, pero el problema es que durante estos tres años de audiencias no se pudo probar en el debate que hubo irregularidades o perjuicios para el Estado por los contratos en Santa Cruz.

El ataque

Y todo esto ocurre en el contexto del ataque a la vicepresidenta en la noche del 2 de septiembre, cuando llegaba a su casa días después de varias movilizaciones generadas por el cinematográfico alegato de la fiscalía en la causa Vialidad.

La investigación del ataque deja muchas dudas, en especial por la falta de interés de la jueza María Eugenia Capuchetti en investigar los posibles lazos políticos del ataque, como los que se vinculan con el diputado Gerardo Millman y sus asesoras, que entregaron sus teféfonos varios días después, tras borrar chats y mensajes a granel.

Los primeros pasos de la pesquisa tuvieron muchos fallos como el borrado de los datos del teléfono de Fernando Sabag Montiel, el hombre que disparó sobre la cabeza de la vicepresidenta cuando llegaba a su casa, algo que se hizo en el mismo despacho de la jueza y que hasta ahora no tuvo una convincente explicación.

Capuchetti llegó al juzgado federal que había dejato vacante Norberto Oyarbide durante el gobierno de Mauricio Macri, después de tener un cargo en el Ministerio de Justicia de la ciudad de Buenos Aires.