El Senado aprobó ayer la lista de conjueces para la Corte Suprema de Justicia. Después de un largo debate con la oposición respecto de la mayoría necesaria para aprobarla, finalmente el Frente para la Victoria y sus aliados alcanzaron 39 votos a favor de elevar la nómina mientras la oposición juntó 21 votos en contra. Los bloques de la UCR, el peronismo disidente, el FAP y el PRO no entraron en consideraciones sobre los integrantes de la lista sino que reclamaron que se apruebe con dos tercios de los integrantes de la Cámara –es decir, 42 senadores– equiparando el requisito establecido en la Constitución Nacional para la designación de los magistrados de la Corte con los de los conjueces. El radicalismo adelantó que recurrirá a la Justicia para que declare su inconstitucionalidad.

El debate por los conjueces fue uno de los primeros temas que se trataron en la sesión de ayer, cuyas discrepancias ya habían sido anticipadas en la reunión de la Comisión de Acuerdos que preside el senador kirchnerista Marcelo Guinle. Los diez conjueces de la Corte aprobados ayer son León Arslanian, Tomás Hutchinson, Ernesto Alberto Marcer, Héctor García Cuerva, Arístides Corti, Carlos Cárcova, Walter Huggias, Gustavo Ferreyra, Ricardo Nissen y José Chirico.

A diferencia de otras listas de conjueces para tribunales inferiores, la oposición optó por no discutir sobre la idoneidad de los juristas para el cargo, sino apuntar su estrategia a la interpretación del artículo 99, inciso 4 de la Constitución que establece una de las atribuciones del presidente de la Nación: “Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”.

El senador Ernesto Sanz encabezó la crítica de la UCR. El titular del radicalismo sostuvo que debe interpretarse ese inciso aplicándolo también para los conjueces porque “no son una categoría diferente”. Sanz sostuvo que “al no ser sujetos de juicio político como los jueces, necesitan una cobertura especial que es, precisamente, un acuerdo político sólido que surge de la mayoría especial en la votación”. El senador recordó que en 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, la nómina de conjueces para la Corte se votó por consenso, ya que se había acordado previamente con las otras fuerzas políticas los nombres de la lista. De la misma manera, el peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá sostuvo que “no es materia de discusión que se requieren dos tercios” y que se deben poner “colegas y juristas de consenso”. Su compañero, el salteño Juan Carlos Romero, cuestionó que no se hayan incorporado mujeres en la lista y reclamó una representación más “federal” de los juristas.