El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, dispuso este miércoles la intervención por 180 días hábiles del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), presidido por la precandidata presidencial Patricia Bullrich.

La sospecha es que se usó la estructura de esa institución para recaudar fondos que luego se usaron en la campaña electoral de la precandidata presidencial.

“Estamos bajo fuego pero no nos vamos a distraer en esto, sabemos que esto es un resultado a favor nuestro”, se defendió Bullrich.

“Ladran Sancho, esto es señal que cabalgamos. A un caballo que va adelante, los perros vienen de atrás y le quieren comer las patas para que vaya más despacio”, agregó.

Una de las facturas que se analizaron para decidir la intervención es de la consultora EyS Brainstorm, una de las empresas que facturan a la fundación IEES.

Según los registros, todos los meses cobra $400 mil pesos por sus servicios al Instituto de Bullrich, informa el sitio Data Clave.

Otro detalle que sale a la luz es que el Cuit de la Consultora EyS Brainstorm, pertenece al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil.

La curiosidad es que la consultora tiene como dirección la calle Berutti 3822 2° piso. Pero quién vive en ese domicilio, es la monotributista categoría G, Patricia Bulrrich, titular de la fundación y pre-candidata a presidenta.

La intervención

En abril pasado, Ricardo Nissen pidió la intervención judicial de la fundación, como también el desplazamiento de los integrantes de su comisión directiva encabezada por la referente de Juntos por el Cambio.

La actuación sumarial se inició en diciembre pasado, cuando se publicó una nota periodística en la que se refería que la presidenta del PRO preparaba un almuerzo con empresarios para financiar su campaña, y se refería que dichas donaciones se canalizaban a través de la asociación civil IEES.

Según informó el sitio Data Clave semanas más tarde saltó a la luz una investigación sobre contrataciones dudosas que podría involucrar al Instituto y que tiene acorralado al diputado Gerardo Milman.

El exfuncionario de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri era integrante (vocal) en la asociación, pero renunció tras este escándalo.

La IGJ determinó que desde el IEES se desplegaron acciones ajenas a su objeto social y que se utilizó para fines distintos para los que se le otorgó autorización para funcionar.

Además se verificó un «sistema de ingresos y egresos destinado a financiar, en todo o en parte, acciones de proselitismo político, en franca contradicción con el objeto social autorizado y los fines de creación de la persona jurídica de que se trata».

También se detectaron irregularidades contables y administrativas: se verificó un crecimiento exponencial de los ingresos y egresos del IEES, pasando en pocos meses de no tener fondos para solventar los gastos corrientes, a recaudar más de 90 millones de pesos; el incremento de los ingresos es coincidentes con actividades políticas personales desplegadas por su presidenta; pagos de facturas telefónicas vinculadas a líneas que están registrados bajo el partido “Unión por la Libertad”.