Di Tullio jefa de la bancada del FPV.

Los cinco proyectos para aplicar el nuevo Código Procesal Penal, que comenzará a regir el próximo 1ro de marzo en la Justicia Nacional, fueron convertidos en ley anoche con los votos del Frente para la Victoria y sus bloques aliados, y rechazo casi total de la oposición.

El kirchnerismo consiguió sancionar el paquete legislativo tras un maratónico debate de ocho horas, donde también aprobó un nuevo régimen para la designación de fuentes subrogantes para tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia.

De esta manera, el oficialismo cerró el capítulo iniciado con la sanción de la reforma procesal penal, que reemplaza el sistema inquisitivo por otro acusatorio, donde los jueces se limitarán a juzgar y los fiscales monopolizarán la facultad de investigar.

Este modelo, ya adoptado por muchas provincias, permite mayor oralidad y participación de las víctimas en el proceso, entre otros avances.

Las iniciativas sancionadas este jueves corresponden a una norma de implementación del Código Procesal Penal de la Nación; nuevas leyes orgánicas de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa; una ley de “organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal”; y modificaciones al Código Penal sobre diversas causales de suspensión del juicio a prueba.

Las reformas se aplicarán de manera gradual empezando por la Ciudad de Buenos Aires, como distrito único, a partir del 1ro de marzo del año próximo, si bien la versión original del proyecto contemplaba la implementación este mismo año.

La oposición volvió a concentrar sus críticas en la reforma del Ministerio Público Fiscal, al advertir que la propuesta oficial le otorga demasiadas atribuciones a la Procuraduría General, hoy en manos de Alejandra Gils Carbó.

Otra de las reiteradas objeciones fue que el proyecto no establece la fecha de la puesta en marcha del nuevo Código en la Justicia Federal, que contiene los delitos complejos como narcotráfico, corrupción y trata de personas, entre otros.