Por Zenón Biagosch Y Fernando Di Pasquale

Recientemente la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó un informe acerca del Barómetro del Narcotráfico y las Adicciones en la Argentina titulado ‘Aumento del tráfico de drogas en los barrios, problemas de adicciones severas en las familias y poblaciones de riesgo’.
Si bien es novedoso respecto a su rigor metodológico, lamentablemente no lo es respecto de sus resultados, los cuales confirman una percepción generalizada de nuestra sociedad. Dicha percepción puede verificarse en un sin número de advertencias que, como complemento al mencionado trabajo, nos viene realizando la institución eclesial. Por caso valdría recordar:
documento titulado ‘La Droga, sinónimo de Muerte’, publicado por nuestros obispos hace ya seis años y en la misma línea los escritos sobre ‘El drama de la droga y el narcotráfico’ publicado por la Conferencia Episcopal en noviembre de 2013.
-El compromiso suscripto en diciembre de dicho año por todo el arco político con representación parlamentaria acerca de la urgente necesidad en adoptar políticas públicas en esta materia. Dicho acuerdo, el cual se logró a instancias de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado, aún no ha logrado mostrar ninguna medida concreta que de cuenta del éxito de dicha acción colectiva.
-Los recientes dichos de nuestro Papa Francisco donde afirma que «hace 25 años Argentina era un lugar de paso de la droga, hoy en día se consume. No tengo la certeza, pero creo que también se fabrica».
Todo ello complementado con señales desde otros ámbitos, tal fue el caso de la alarmante frase ‘El narcotráfico está afectando al Estado de Derecho’ expresada ni más ni menos que por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia en oportunidad de la apertura del año judicial de 2014. O la estimación cuantitativa de la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA) la cual sostiene que el Paco mueve por día en nuestro territorio más de nueve millones de pesos.
Ahora bien, el documento bajo análisis, el cual viene a reemplazar a las inexistentes y necesarias estadísticas oficiales en esta materia, es un nuevo llamador de esta grave situación. De una muestra de aproximadamente 5700 casos analizados en una evolución entre el 2010 y 2014, se pudo registrar que la venta de drogas en los barrios se incrementó en un promedio de 50% siendo que ese guarismo es mayor en las zonas más marginales y con falta de presencia policial, lastimando y degradando principalmente a los sectores sociales más vulnerables.
Asimismo el estudio demuestra un gran avance en la degradación de los entornos familiares de los adictos, como así de los ámbitos residenciales donde la población consumidora es más permeable. Ello complementado con el reclutamiento de los jóvenes en situación de fragilidad por parte de las organizaciones criminales contribuyendo a la construcción de territorios estigmatizados que afectan negativamente a sus habitantes, creando un entorno inestable y violento.
A esto se le suma la grave problemática del aumento del consumo de alcohol entre nuestros jóvenes, destacado también en el mencionado estudio, el cual se vislumbra como uno de los traumas más alarmantes y tristes de esta última década.
Esta gravísima situación y su escalada se soluciona de una única manera: con decisión política. El gran desafío es la construcción de una política de estado que aborde la problemática desde sus diferentes perspectivas, incluyendo la prevención, la asistencia, el control del tráfico y la producción y el control de sus movimientos económicos.
Asimismo es imprescindible que la sociedad civil de un aporte a esta lucha bajo diferentes formas de organización que permita atender primordialmente las demandas de los más necesitados. Desde el mundo de los negocios, es imprescindible que se ataque y controle al brazo económico de estas organizaciones ya que en realidad la obtención de una renta es el principal objetivo de estas conductas.
Aguardamos esperanzados que quien tenga la responsabilidad gubernamental venidera tome conciencia que éste será el principal desafío de su gestión. No existe problemática que se le equipare y que tenga la capacidad de poner en jaque al orden económico, político, institucional y social. Es decir, la gobernabilidad.
Reconozcamos los ‘Alertas’ porque el Titanic se aproxima al Iceberg.

Fuente: El Cronista.