Un hombre mayor de edad fue detenido en las últimas horas acusado de ser el autor de las amenazas de bomba vía mail que llegaron este miércoles a las embajadas de Israel y Estados Unidos, dijeron fuentes oficiales.

Se indicó que expertos informáticos y detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) descubrieran que desde su domicilio en la localidad bonaerense de Don Torcuato, partido de Tigre, habían partido los mensajes intimidatorios, informaron las fuentes consultadas.

La detención del acusado -que es mayor de edad y argentino- la hicieron detectives del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, en el marco de la causa por «intimidación pública» que instruye el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 12, a cargo del juez federal Ariel Lijo y de la Secretaria 23 de Paola Yanina Kohen.

Los voceros informaron que, de acuerdo a la investigación, el imputado no sólo sería el autor de las amenazas, sino también de una serie de mensajes intimidatorios que a principios de este mes también recibieron las diferentes cuentas oficiales de email de las embajadas de Estados Unidos, Israel, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Irán y la Delegación de la Unión Europea.

Según las fuentes, el denominador común de esos mensajes consistía concretamente en amenazas de bomba realizadas a las diferentes sedes diplomáticas, acompañados de amenazas hacia los distintos funcionarios de las embajadas.

La indagatoria

El acusado, de 18 años, fue a indatoria ante el juez federal Ariel Lijo, quien tiene a su cargo una investigación que comenzó en agosto, luego de que la embajada de Estados Unidos denunciara que había recibido un mail amenazante.

Por las amenazas registradas el último miércoles le tocó intervenir a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien inmediatamente intercambió información con su colega Lijo, lo que permitió detectar patrones similares entre los hechos que él estaba investigando y los nuevos.

Fuentes de la investigación explicaron que se llegó al acusado tras lograr detectar que IP dinámico (un código de identificación única) del dispositivo del que se habían mandado los primeros mails con las amenazas estaba asociado también a su cuenta de Instagram.

En la indagatoria, el joven negó haber hecho la amenazas y sostuvo que en alguna oportunidad hackearon su cuenta de Facebook , lo que a los investigadores les pareció un intento por explicar que alguien pudo usar sus dispositivos por él.

Cómo se lo arrestó

En el caso se aplicaron diferentes técnicas de investigación, como análisis en fuentes abiertas, redes sociales y chequeos sobre diferentes domicilios, para lograr individualizar e identificar a la persona sospechosa de enviar los mails.

Pero para determinar efectivamente que la IP utilizada en los correos electrónicos coincidía con el domicilio del sospechoso, el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista solicitó la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia.

Ya con esa información y establecida que la IP se trataba del domicilio del sospechoso, el juez Lijo dio la orden de allanamiento y detención del sospechoso, quien quedó alojado en la División Alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

En el lugar se procedió al secuestro de material probatorio para la investigación, entre los que se  destaca teléfonos celulares, notebooks; pendrives, entre otros dispositivos de almacenamiento para sus respectivas pericias.

El miércoles por la mañana, primero se conoció una amenaza de bomba vía mail recibida en la sede diplomática israelí ubicada en el barrio porteño de Monserrat, sobre la Avenida de Mayo al 700, donde se cortó el tránsito para realizar las tareas de rigor.

Más tarde, se supo que una amenaza similar, también vía correo electrónico,  se recibió en la Embajada de Estados Unidos y  que el jefe de seguridad de esa sede hizo la denuncia ante la Comisaría Vecinal 14C.

Tras las inspecciones realizadas por personal del escuadrón antibombas de la PFA en ambas embajadas, se estableció que no había ningún artefacto explosivo.