Por los presuntos delitos de propagar la pandemia y sedición (alzarse contra las autoridades nacionales) se presentó hoy una denuncia contra el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, la asesora general tutelar de la ciudad Carolina Stanley y la titular del partido PRO, Patricia Bullrich.
La denuncia la realizó la abogada Valeria Carreras, que representa a la querella mayoritaria de los familiares que murieron en el hundimiento del submarino ARA San Juan, tiene el número de causa 760/21 y quedó radicado en el juzgado federal N°1, a cargo de María Servini, quien valga la paradoja, se encuentra internada por Covid.
«Como ciudadana me pasé todo el fin de semana leyendo a los dirigentes del Pro, con Macri a la cabeza, instando a la gente a la ciudadanía que vaya a las escuelas, que directamente no cumplan con el decreto de necesidad y urgencia emitido por el presidente, solamente para restringir la presencialidad de los alumnos durante dos semanas», explicó Carreras.
«En virtud de eso y de la escandalosa resolución de una cámara de la ciudad de Buenos Aires que no tiene competencia para esto, y la sumatoria de distintos amparos del gobierno del Pro de la ciudad, decidí como ciudadana realizar la denuncia pertinente ante la Cámara Federal de Comodoro Py por la posible comisión de delitos de atentado a la salud pública por propagar o contribuir a propagar la pandemia. Y por el posible delito de sedición, es decir, alzarse contra una decisión del gobierno o contra el gobierno «, explicó Carreras a CyR.
Argentinos en peligro
«Espero ansiosamente que los jueces tomen cartas en el asunto y no pongan en peligro la vida de un solo argentino más. El tema de la escolaridad tenía que ver con la circulación. Y justamente llevar y traer chicos a la escuela genera la propagación del contagio. El gobierno de la ciudad anoche, a última hora, emitió dos comunicados respecto de empezar a tomar medidas en cuanto a cómo ir al colegio y como evitar los contagios. Cualquier cosa que suceda va a ser total responsabilidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en cabeza de Horacio Rodríguez Larreta», agregó la abogada.
«Como es de público y notorio a raíz del DNU 241/2021 emanado del Poder Ejecutivo Nacional, el cual se ha dictado en y por la pandemia, cuyo rebrote, o denominada segunda ola, está colapsando el servicio sanitario y llevándose vidas de compatriotas, siendo una indiscutida situación extraordinaria que amerita medidas urgentes, se dispusieron entre otros puntos, la suspensión de la presencialidad de los educandos por 14 días en el ámbito del AMBA, la restricción de circulación en una franja horaria para los ciudadanos de dicha jurisdicción, y el cierre de ciertos comercios y actividades por el mismo lapso», dice la denuncia.
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«Sin embargo y como un desafío replicado por los denunciados, se interpusieron acciones judiciales a fin de generar la suspensión de la normativa de urgencia y basada en la protección de la salud pública», agrega el texto.
Carreras considera que los planteos judiciales realizados por Rodríguez Larreta, Bullrich y Stanley, para frenar el DNU firmado por el presidente Alberto Fernández, que suspende las clases presenciales en el AMBA, durante quince días atentan contra la salud pública y ayudan a propagar la pandemia.
Las penas previstas en el Código Penal
Recuerda que el artículo 205 del Código Penal dice que castiga con una pena de «prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.”
Y respecto del presunto delito de sedición sostiene que «deberá investigarse si los denunciados, todos ellos como dije miembros del mismo partido político Pro, todos ellos en roles de mando en la Ciudad de Buenos Aires, se han puesto de acuerdo para contrariar una disposición nacional, a fin que no sea aplicable en su jurisdicción».
La semana pasada un fiscal del distrito judicial de Morón denunció a Maurcii Macri por los mismos motivos, luego de una seria de tuits en los que el ex presidente convocó a los intendentes del PRO a resistir el cierre de las escuelas en la provincia de dos semanas durante diez días hábiles.