El espionaje ilegal que se llevó adelante durante la gestión del escribano Gustavo Arribas en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) no tuvo límites: alcanzó a propios y extraños y hasta a las víctimas del hecho más trágico que ocurrió durante la presidencia de Macri.

Esta mañana, la interventora en la AFI, Cristina Caamaño, presentó ante la justicia federal de Mar del Plata una denuncia por espionaje ilegal realizado sobre familiares de los y las tripulantes del ARA San Juan, mientras el submarino aún permanecía desaparecido. 

En el texto, Caamaño subrayó que “las tareas” ventiladas “no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido”. 

El material fue hallado en soportes digitales encontrados en la Delegación Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia y analizados con motivo de un requerimiento judicial realizado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, en el marco de otra causa. 

Seguimientos

En los registros, constan seguimientos efectuados en las manifestaciones que se llevaron adelante en la ciudad bonaerense, cuando las tareas de búsqueda y rescate todavía no habían dado con los restos de la nave que se hundió en el Atlántico Sur.

Los informes, fechados entre enero y junio de 2018, muestran seguimientos sistemáticos y fotografías tomadas frente a la Base Naval de Mar del Plata o durante otras actividades realizadas, por ejemplo, en el Consejo Deliberante de esa ciudad o en el monumento al Gral. San Martín local, tanto de las columnas, como a referentes de los grupos de familiares.

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“El material acompañado demuestra que la Agencia Federal de Inteligencia hizo inteligencia sobre familiares, amigos y allegados de los tripulantes del ARA San Juan, y ello por el solo hecho de pertenecer al colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento”, agrega el escrito. 

La titular de la AFI indicó en la denuncia que “queda claro que los familiares de las víctimas no pertenecen a grupos terroristas y/o de criminalidad organizada, y menos aún que las tareas de inteligencia llevadas a cabo cuentan con algún tipo de venia jurisdiccional. Más aún, la Agencia no tenía –y menos aún hoy tiene- competencias para realizar este tipo de tareas”.

Indagatorias

En la presentación judicial -realizada ante la Fiscalía Federal Nº 2 de Mar del Plata, cuyo titular es el fiscal Daniel Adler- se solicita la citación a indagatoria del jefe de la Delegación Mar del Plata de entonces; del ex director de Reunión Interior; de la ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani; del ex director general del organismo, Gustavo Arribas, y del ex presidente de la Nación “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política Política de Inteligencia Nacional (art. 12, ley 25.520)”.

De esta manera, Macri, Arribas y Majdalani siguen cosechando denuncias por la escandalosa gestión que llevaron adelante en la AFI con espionajes ilegales a dirigentes opositores y de su propio partido.

Además, cosecharon otras denuncias por el manejo irregular de los fondos del organismo, que volvieron a ser secretos mediante un decreto del presidente Macri, de manera que se careció por completo de un control de los gastos del organismo.

La investigación por la desaparición del submarino el 15 de noviembre de 2017 con 44 personas a bordo todavía no tuvo mayores avances para determinar qué ocurrió y quiénes fueron los responsables del naufragio.