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El protocolo elaborado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para criminalizar las protestas sociales fue denunciado por más de 1500 organizaciones ante la ONU y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Al mismo tiempo, las centrales obreras realizaron una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el mismo motivo.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizó la presentación ante la ONU y la CIDH junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas.
«Pedimos a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Las presentaciones también se acompañaron conr más de 15000 firmas individuales», dijo el organismo.
Se indicó que se enviarons dos comunicaciones a los procedimientos especiales de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, denunciando el nuevo protocolo para protestas sociales anunciado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Esas presentaciones tienen 1700 firmas de centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gremiales, ambientales, de los pueblos indígenas, migrantes, transfeministas, religiosas, colectivos de infancias, estudiantiles y políticos.
Contra la libre expresión
«En los escritos enviados desarrollamos las críticas al protocolo publicado en la Resolución 943/2023 y explicamos que la mayoría de las disposiciones del Ministerio de Seguridad de la Nación fijan pautas de actuación policial y estatal que son incompatibles con los derechos a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitución Nacional y en los tratados y estándares internacionales de derechos humanos», agrega el CELS.
El protocolo establece que cualquier manifestación que se realice con cortes de calles o rutas constituye la comisión de un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta.
A su vez, contiene disposiciones para recabar información y luego criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas.
Con esa información y análisis, «solicitamos a la ONU y a la CIDH que manifiesten públicamente y ante el Estado argentino la preocupación por este protocolo, el cual también afecta los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de quienes ejerzan el derecho a la protesta».
Que se adopten medidas
En la carta a la CIDH se pide que adopte las medidas necesarias para “hacer cesar la aplicación del protocolo y evitar la aprobación de otras normativas que buscan coartar o limitar la protesta social sin perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos”.
Por su parte, el escrito presentado ante la ONU fue dirigido a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) y, en particular, al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, y a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor.
«Les solicitamos que exijan al Estado argentino que derogue el protocolo y garantice el derecho a la protesta y los derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad de quienes se manifiestan», dijo el CELS.
Centrales obreras
En forma paralea la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT-RA), la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), solicitan la intervención con «carácter de urgente del Director General de la OIT y la remisión de la denuncia por violaciones al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación,
1948 (núm. 87) que a continuación se exponen, a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones para su urgente tratamiento».
El movimiento sindical argentino venia advirtiendo durante la campaña presidencial electoral de la nación, que se venían gestando manifestaciones con intenciones de limitar y vulnerar la libertad sindical, incluida la protesta social.
Estas manifestaciones que buscaban criminalizar la protesta social y la persecución sindical venían de sectores privados pero que hoy representan la autoridad nacional. El Protocolo restringe y vulnera derechos constitucionales.
La nueva reglamentación de la protesta social soslaya claramente derechos y garantías constitucionales básicos así como también las instituciones democráticas de nuestro país .
