Por Román Lejtman

CFK pretende colonizar a la Corte para tener dos votos propios cuando se traten todos los casos de corrupción que involucran a sus empresas, familiares y testaferros. La Presidente no está a la caza de Carlos Fayt preocupada por la calidad institucional de la Corte y su presunta incapacidad para discernir los actos que asume como magistrado. Cristina le tiró los perros al decano del alto tribunal para forzar una crisis política y colocar a dos soldados oficialistas que tengan pasado en los tribunales y en la cátedra del derecho.

La situación creada por Balcarce 50 es patética: un jefe de Gabinete, un exjuez de la Corte y un operador mediático exhiben más preocupación por Fayt que por la anómala situación política de Amado Boudou, que flota como vicepresidente con dos procesamientos por haber violado ciertos capítulos del Código Penal. El gobierno busca la caída de Fayt, que no tiene causas abiertas ni pedidos de juicio político, y sostiene a Boudou que es Presidente cada vez que Cristina viaja al exterior.

El juez federal Luis Rodríguez, nombrado por CFK, sobreseyó a Carlos Liuzzi y Norberto Oyarbide, en la causa que investigaba un posible encubrimiento cometido por estos funcionarios que responden a Carlos Zannini, secretario Legal de la Presidencia. Liuzzi es subsecretario y le pidió a Oyarbide, que es juez federal, que parara un allanamiento en una cueva de un financista que tiene acceso directo a la Casa Rosada. Oyarbide reconoció que lo llamó Liuzzi y aceptó que, por su indicación, frenó el allanamiento que había ordenado a la financiera. Para Rodríguez no hubo delito, y ninguna mascota de la quinta de Olivos propuso su juicio político.

La conclusión es simple y trágica: al gobierno no le importa la calidad institucional de los tribunales, sólo pretenden cobijar a Cristina y su familia ante la probable sucesión de causas penales que terminaran en la Corte Suprema. Los operadores del gobierno sospechan de la capacidad cognoscitiva de Fayt y proponen su ejecución pública, mientras jugaron todas sus fichas en cerrar la denuncia del fiscal Alberto Nisman, que tenía más asidero jurídico que la eventual ausencia de lucidez de un magistrado que siempre enfrentó el pensamiento hegemónico del peronismo.

CFK ha dicho que la Corte Suprema no puede limitar al gobierno. Siempre pensé que ella sabía de derecho y conocía la jurisprudencia del alto tribunal. La democracia se refresca con el voto popular, pero necesita al Poder Judicial para limitar los abusos del poder. El control de constitucionalidad está en manos de los jueces y también la investigación de los casos de corrupción. Así funciona el sistema, aunque la perspectiva populista asigne a la movilización social más valor que una sentencia fundada que limita el acto del príncipe.

Cristina va por la Corte Suprema. Primero desea terminar con Fayt y después poner a dos soldados que responderán a su órdenes personales, aunque haya terminado su mandato presidencial. Si pasa, CFK será Menem. Y lo que fue tragedia, mutará a farsa. Para siempre.