Hace un mes Berni se reunió con el titular de la Corte.

La aparición del problema del narcotráfico en la Corte Suprema de Justicia  tuvo la particularidad de que sus principales intérpretes ayer no quisieron aparecer. Es un asunto que no le gusta a Ricardo Lorenzetti y que pone en lugares incómodos al secretario de Seguridad, Sergio Berni. Ambos hombres hubieran  preferido nunca encontrarse como lo hicieron hace dos meses en uno de los salones más elegantes que tiene la Corte. Además la Iglesia venía de generar la semana pasada un comunicado plagado de críticas a la política antidrogas del Gobierno.

Todo comenzó en el mes de junio cuando Carlos Fayt, el ministro más veterano del alto tribunal, recibió un llamado temeroso  desde la provincia de Salta: según le dijo un camarista federal de esa jurisdicción, un convoy de camiones proveniente de Bolivia, que ingresó en forma ilegal, atropelló y mató a dos gendarmes destacados en un puesto de frontera.

Luego el ministro mantuvo un contacto secreto con el ministro de Justicia, Julio Alak. “Intenté impulsar la radarización de toda la frontera norte, busqué vendedores  de radares en el exterior y me dejaron pagando, mejor hablen con Berni que a él lo escuchan más”, respondió el exintendente de La Plata.

Días más tarde Fayt le transmitió el tema a Lorenzetti y como tampoco notó demasiado interés recurrió al secretario de Seguridad, quien luego pidió una reunión de urgencia con el presidente de la Corte. Ni Fayt ni Alak están en los diarios de hoy salvo por el oficio que la Corte giró al Ministerio de Justicia.

El pragmatismo no conoce límites en la vocalía de Lorenzetti, quien encontró en el combate al narcotráfico un tema perfecto para distanciarse del Gobierno después de aprobar la ley de medios. Como en todo hecho de envergadura, todavía los daños son difíciles de calcular para el supremo. Por poner un ejemplo: en el almuerzo de las centrales empresarias del lunes en el Palacio Duhau los comentarios fueron ásperos con el presidente de la Corte y con el hecho de que, tras el fallo que él coordinó, los derechos adquiridos (licencias, concesiones, etc.) están a merced de la voluntad del Congreso.

Se dijo en ese ambiente recoleto algo más preocupante: existen pericias orquestadas desde los despachos opositores del Congreso (y alentadas por Clarín) para explorar qué oportunidad hay de querellar a Lorenzetti en algún juzgado del exterior, como por ejemplo en Uruguay. El motivo pasaría por los bienes del juez. E iría en la línea de los reclamos de Ricardo Echegaray.