Majdalani y Arribas tienen que dar explicaciones.

En pleno año electoral de 2017, cuando el gobierno de Macri debía enfrentar las elecciones de mitad de mandato, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) instaló seis bases en el Gran Buenos Aires.

Si bien se indicó que el objetivo era investigar delitos complejos, la verdad es que las bases instaladas en Ezeiza, Haedo, La Matanza, Quilmes, San Martín y Pilar se dedicaron a espiar en forma ilegal a organizaciones políticas, gremiales, sociales y comunitarias.

Así lo determinó el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, al dictar el procesamiento de Pablo Pinamonti, quien estuvo a cargo de la Dirección de Reunión de Provincia de Buenos Aires, de la cual dependían las bases.

Pinamonti respondía en forma directa a Silvia Majdalani, la segunda de la AFI y a quien el juez llamó a prestar declaración indagatoria, al igual que al escribano Gustavo Arribas, el amigo de Macri al frente de la AFI.

Según el juez, las “BASES AMBA” funcionaron, al menos formalmente, desde abril a diciembre del año 2017, “aunque existen elementos que permiten suponer que algunas actividades se dieron inicio algunos meses antes”.

Espiar a opositores

A partir de la información reunida en varios allanamientos y de la entregada por la actual intervención en la AFI, se estima que al menos 70 personas fueron reclutadas para participar en el espionaje de agrupaciones y militantes, algo taxativamente prohibido por la Ley de Inteligencia.

“Se pudo acreditar que, aproximadamente entre fines de 2016 y diciembre de 2017, desde las delegaciones provinciales de dicha Agencia se desplegaron tareas de inteligencia ilegal, en forma constante y coordinada en casi todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, en perjuicio de numerosas personas y organizaciones sobre la base exclusiva de su afinidad, pertenencia o actividad política”, escribió el juez.

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“El llamado “PROYECTO AMBA” de la Agencia Federal de Inteligencia consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense, a cuya tarea se sumaron otras tres bases preexistentes ubicadas en las principales ciudades de la provincia. Si bien para el discurso público se crearon para investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas, como veremos, en la práctica se utilizaron casi exclusivamente para realizar espionaje interno de tipo político”, agregó.

Pinamonti, a cargo

“Esa tarea fue coordinada desde la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires, a cargo del imputado Pablo Gonzalo Pinamonti, la cual tenía a su cargo el despliegue de esas nueve bases de inteligencia ubicadas en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires», dice el juez.

La organización criminal «llevó adelante de manera organizada y sostenida en el tiempo numerosas actividades de inteligencia y espionaje ilegal a través de las que se buscó, entre otros objetivos, incidir en la situación política, judicial, en los medios de difusión y en la opinión pública en general; se hallaron documentos e informes de inteligencia que dan cuenta de la utilización de las denominadas “BASES AMBA” de la Agencia Federal de Inteligencia para llevar adelante espionaje político en clara contravención a la Ley Nacional de inteligencia Nº 25.520 y a la Constitución Nacional. En efecto, de una simple lectura de los documentos relevados se desprende que, durante el año 2017, las delegaciones AMBA recopilaron, produjeron, analizaron y distribuyeron información de tipo político vinculada a las elecciones de medio término que se desarrollaban en la provincia de Buenos Aires”, precisó el juez.

Fotos e informes

En la causa hay decenas de informes y fotografías de organizaciones y militantes, que permiten demostrar que se realizaron permanentes y constantes seguimientos a referentes políticos, sociales y gremiales, se consignaron datos de esos referentes, de locales partidarios y comunitarios e información de las patentes de transportes y/u otros vehículos utilizados para el traslado de manifestantes. 

También se verificó también que, en algunos casos, se fotografiaron a las personas que participaban de distintas movilizaciones, se investigaron y consignaron datos personales de incontables referentes políticos, números de teléfono, domicilios, reseñas políticas y datos familiares, entre otra información sensible. 

Acto de CFK

El procesamiento consigna por ejemplo, que se tomaron los datos de los colectivos que fueron a un acto de Cristina Kirchner, candidata a senadora, y de quienes aparecían con ella en una fotografía.

Pero el espionaje no se limitó a la oposición: también hay fotos de locales del PRO en el partido de Morón, que en aquella época estaba a cargo de Ramiro Tagliaferro, el ex esposo de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

La instalación de las bases de la AFI en el Amba provocaron en su momento un entredicho que trascendió las filas partidarias y que provocaron las quejas en su momento de Cristina Ritondo, el ministro de Seguridad de Vidal.

Labores de campo

“Entre las tareas desarrolladas, pudo advertirse la realización de labores de campo directas, con imágenes obtenidas por los agentes que integraban las bases . En otros casos, surge la utilización de técnicas de “ciberpatrullaje” (compulsa de perfiles de redes sociales de diferentes referentes políticos), con las capturas de pantalla correspondientes y la identificación de las personas que se observan en las fotografías obrantes en los perfiles compulsados . Además, se pudo comprobar la compulsa de bases abiertas y públicas, tales como medios de comunicación y sitios de internet, que también sirvieron de insumos para la producción de dichos informes”, dice el procesamiento. 

El juez determinó que “se pudo detectar que la enorme mayoría de los informes de inteligencia relevados no versan sobre situaciones de riesgo para la seguridad interior o la defensa nacional o la investigación de delitos federales complejos; sino que estas delegaciones estaban avocadas principalmente al relevamiento, acumulación y/o producción de información sobre personas y actividades políticas, gremiales y/o comunitarias. En este sentido, se detectó la utilización de una categorización sistemática de la información de inteligencia producida respecto de criterios preestablecidos por la superioridad con el objetivo preponderante de detectar en las actividades político–partidarias, sociales, sindicales y comunitarias eventuales riesgos para los intereses políticos de la gestión gubernamental de turno”.

Vía directa

Cuando prestó declaración indagatoria, Pablo Pinamonti admitió que él efectuaba reportes diarios de la información de inteligencia producida por las nueve delegaciones provinciales directamente a la Subdirección de la AFI, a cargo de Majdalani. 

Según la causa, las bases de la AFI reunían información de las actividades políticas de la oposición en los diferentes distritos del Gran Buenos Aires, la cual luego era procesada y analizada en informes semanales y reportados a la superioridad, “la que culminaba con el ciclo de inteligencia a través de la planificación y toma de decisiones teniendo como base aquella información de inteligencia prohibida”. 

Fines políticos

Por eso el juez concluye que el verdadero objetivo de las bases no fue investigar delitos complejos “sino realizar tareas de inteligencia ilegales con fines políticos, expresamente prohibidos por la Ley Nacional de Inteligencia”.

El juez sostuvo que Gustavo Arribas fue quien ordenó expresamente la realización de tareas de inteligencia con orientación política al momento de disponer las funciones específicas de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires. 

Por su parte, la subdirectora Majdalani habría sido la funcionaria que se nutría diariamente de la información de inteligencia reunida por las nueve delegaciones provinciales y que, de acuerdo con sus funciones específicas, fijaba los objetivos de inteligencia y adoptaba las decisiones en base a la información recopilada por sus dependientes.

Procesamiento

Tras estas conclusiones el juez procesó a Pinamonti por realizar acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautor sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, con el objetivo influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de autor.

Con las mismas imputaciones procesó al ex comisario Ricardo Bogoliuk, quien ya se encuentra detenido en la causa del falso abogado Marcelo D’ Alessio. A los dos les dictó un embargo de 10 millones de pesos.