La jueza en lo comercial Marta Cirulli se dispuso finalmente a tomar cartas en el asunto y ordenó hoy la «intervención plena» de la empresa Correo Argentino S.A. y el «desplazamiento total» de su directivos.

Las medidas habían sido solicitadas por la fiscal ante la Cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, y acompañada por el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, luego de que fracasaran las propuestas de acuerdo de pago acreedores y tras denunciar maniobras de vaciamiento.

Entre los motivos de la medida dispuesta por la jueza en lo comercial se encuentra la reticencia de la empresa ante requerimientos del tribunal, lo que imposibilitó el “conocimiento cabal del engrosamiento de sus nuevos pasivos” y sembró “un manto de duda sobre la sinceridad de lo que venía expresando sobre su real endeudamiento».

Para decidir las medidas «hasta que concluya el procedimiento de salvataje», Cirulli ponderó las dificultades que expuso el coadministrador judicial para llevar a cabo la tarea encomendada, por falta de datos e información, aunque calculó que -a fines de septiembre de 2019- la composición del pasivo posconcursal era de 191.997.055,52 de pesos.

En su fallo de hoy, la jueza cuestionó «el proceder que viene evidenciando Correo Argentino SA en punto a la determinación concreta del pasivo posconcursal, aún bajo la coadministración» y consideró que «resulta esquivo e imprevisible, y sigue arrojando un manto de duda sobre el esperable comportamiento sincero».

“Noto que el comportamiento de la concursada en punto a las imputaciones en examen, sólo contribuye a la procedencia del planteo formulado por el Ministerio Público”, sostuvo la jueza en el fallo.

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La magistrada señaló además que la empresa, además de “responder parcialmente y `a cuenta gotas´ lo requerido por el coadministrador, no controvirtió” las imputaciones formuladas por la fiscal Boquín sobre una deuda con AFIP “de nada menos que $600.000.000” de impuestos impuestos a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta.

Las autoridades del Correo Argentino S.A. habían responsabilizado al Estado Nacional de haber provocado una situación de cesación de pagos y apropiarse de sus activos.

Los representantes de la empresa habían sostenido que «no les resultaba posible suministrar tal información en razón de que habían sido desposeídos, en el año 2003, de sus registros informáticos y documentación respaldatoria».

Zannini y Boquín habían coincidido sobre el «vaciamiento» de la empresa del Grupo Macri con irregularidades con «entidad suficiente» para perjudicar al Estado, principal acreedor del concurso.

En su dictamen previo, Boquín había afirmado que, durante 15 años, el Correo Argentino S.A. «perpetró actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa» y que se valió de un «uso abusivo del procedimiento concursal» para defraudar la ley y los derechos de los acreedores».

Cuando pidió la intervención de la firma, la fiscal sostuvo acusó a la empresa de la “la presentación de acuerdos fraudulentos para obtener la homologación del acuerdo preventivo», “pago de cifras millonarias en concepto de honorarios”, “montos elevadísimos” como “anticipos al directorio”, lo que -sostuvo- no solo perjudicó a los acreedores sino también al accionista minoritarios “el Estado Nacional».

La fiscal reseñó que el concurso fue iniciado hace casi dos décadas y recalcó que el régimen concursal “no puede ser utilizado en forma abusiva, para que el deudor se libere de sus obligaciones mediante el pago de sumas insignificantes, evitando las consecuencias de la declaración de quiebra en materia de inhabilitación”.