Por Rafael Saralegui

La Justicia ordenó hoy al cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia que revisen los libros contables de las empresas Socma Argentina y Sideco Sudamericana, las dos principales empresas de la familia del presidente Mauricio Macri, en el marco de la causa por el concurso de la compañía Correo Argentina S.A., que depende de aquellas, y en el cual se investigan maniobras de vaciamiento en perjuicio del Estado, que reclama desde hace 16 años el pago de una millonaria deuda.

La decisión fue tomada por las camaristas María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde E. Ballerini, integrantes de la Sala B de la Cámara Comercial, quienes hicieron lugar a un planteo de la fiscal de Cámara Gabriela Boquin, que había pedido que se realizara un peritaje sobre los libros de las dos empresas solicitadas.

Pero ese pedido no había sido aceptado por la jueza del concurso, Marta Cirulli, quien había ordenado la realización de un informe -no un peritaje- a los síndicos que actúan en el concurso, cuyo actuación ya había sido cuestionado por la fiscal Boquín por posibles vínculos con las empresas mencionadas.

Boquín fue la fiscal que denunció el principio de acuerdo que había sido aceptado por los representantes del Estado, a los pocos meses de haber asumido el gobierno de Cambiemos, que implicaba una quita del 98,87 por ciento de la deuda reclamada por el Ministerio Público y que implicaba una pérdida de unos 70 mil millones de pesos cuando finalizara el plan de pagos.

Ese acuerdo espurio para los intereses del Estado, que parodójicamente había sido aceptado por los mismos representantes del Estado que participaban del concurso dio pie a una causa penal que está a cargo del juez federal Ariel Lijo y que llevó a prestar declaración indagatoria al actual ministro de Defensa y ex secretario de Comunicaciones Oscar Aguad.

En su dictamen ante la Cámara en los Comercial, para reclamar que se compulsen los asientos contables de las dos empresas mencionadas, la fiscal Boquin sostuvo que “tratándose de las controlantes y debiendo investigarse un posible vaciamiento en su favor,la información que derive de sus libros resulta más que relevante en la investigación a realizarse”.

La fiscal quiere indagar sobre supuestos préstamos que Socma y Sideco le habrían efectuado al Correo para “su normal funcionamiento”, créditos que para la fiscalía no están debidamente justificados. Para la fiscalía, luego de iniciado el concurso supuestamente se generó una deuda del Correo con Sideco de 2121 millones de dólares y otra deuda de 2.753 para Socma, supuestos préstamos que podrían ocultar maniobras de vaciamiento respecto de la empresa concursada.

La representante del Ministerio Público Fiscal cuestionó la decisión de la jueza de primera instancia de pedir un informe a los síndicos, ya que causaba un agravio porque “la decisión importó una virtual neutralización de la investigación requerida y una obstrucción al cumplimiento de sus funciones”; “designa a los mismos síndicos ya actuantes”; “no dispone la producción de la prueba conforme fuera requerido”; “omite expedirse sobre la compulsa en libros” de las sociedades Socma Argentina SA y Sideco Sudamericana SA  y “no se pronunció sobre la designación de un consultor técnico de su parte”.

Las dos camaristas le dieron la razón. Y dijeron que “se justifica que la tarea sea encomendada al Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, organismo que constituye una dependencia técnica de naturaleza y finalidad exclusivamente pericial y cuya misión es la de dictaminar sobre cuestiones de la especialidad sometidas a su consideración.”

En su momento, los abogados de las empresas de la familia Macri quisieron sacar a la fiscal Boquín de la causa del concurso y llegaron en queja hasta la Corte Suprema de Justicia, que finalmente la confirmó en el expediente. Ahora serán los peritos del máximo tribunal los que deberán revisar los libros contables de las naves insignias de los Macri.