El juez federal Ariel Lijo citó a cuatro trabajadores de la empresa Aerohandling y pidió informes sobre titularidad de armas de fuego, líneas telefónicas y cuentas bancarias de los implicados.

Con esta decisión, suman diez los imputados en la causa iniciada a raíz de una denuncia formulada por el presidente de la aerolínea de bandera, Mariano Recalde.

El viernes de la semana pasada, la Justicia ordenó la detención de los primeros seis implicados, luego excarcelados, y cuya situación procesal está pendiente de resolución.

El juez convocó a indagatoria para el 29 de abril próximo a otros cuatro empleados de Aerohandling por entender que hay un «grado de sospecha» relativo a su presunta pertenencia, entre el 22 de julio de 2013 hasta el 21 de abirl de 2014, a una «organización» que tendría como fin «apropiarse de objetos de valor de los equipajes a su cargo».

Según las sospechas de los investigadores, los supuestos «abrevalijas» tenían como víctimas a pasajeros de Aerolíneas Argentinas SA y Austral Líneas Aéreas, que viajaban desde y hacia Aeroparque.

Estas pertenencias «habrían sido posteriormente ofrecidas a la venta en portales comerciales y el dinero producido habría sido depositado en una cuenta bancaria de la organización», según la acusación.

«El acuerdo común habría estado dado, al menos, entre los empleados de la empresa Aerohandling SA que tenía bajo su custodia la carga y descarga del equipaje en el aeropuerto», y para ello «aprovecharon sus funciones, el relajamiento de las custodias ajenas respecto de los equipajes y su acceso exclusivo y control de un sector» en que no había cámaras de seguridad.

Lijo pidió, además, informes al RENAR sobre la titularidad de armas de fuego secuestradas en un allanamiento, y a empresas de telefonía sobre los ususarios de teléfonos celulares y modems.

También al Banco Central para que informe en diez días cuentas bancarias a nombre de los sospechosos o personas jurídicas que figuren a nombre de alguno de ellos.

Además se libró oficio a la empresa de ventas por Internet «Mercado libre» para que detalle si tiene como usuarios registrados a los imputados y si poseen alguna cuenta bancaria para recibir pagos.

El juzgado ordenó también una pericia sobre teléfonos celulares secuestrados en la causa para determinar el contenido de mensajes de texto o de mensajería instantánea intercambiados en relación a lo que se investiga.