Scapolan en un operativo reciente.

Trece años tardó la Justicia en San Isidro a tomar alguna medida contra un fiscal de ese distrito acusado de perseguir a otros colegas, proteger a políticos y actuar junto a la policía para proteger bandas de narcos o “mejicanear” sus cargamentos para vender luego la droga incautada.

Claudio Scapolan era hasta hace un par de semanas uno de los fiscales más importantes de la zona Norte del conurbano bonaerense. Ese distrito tiene características especiales por el poder adquisitivo de quienes viven en la zona. Por, ejemplo, la quinta presidencial de Olivos, queda en esa jurisdicción.

Sin ir más lejos, circula en las redes un video relativamente reciente de Scapolan junto al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, durante la presentación de una investigación que permitió desbaratar una banda de ladrones de autos en la zona.

Scapolan creció al amparo de Julio Novo, el exfiscal general de San Isidro, renunciado luego de haber sido acusado junto a varios de sus adjuntos de conductas similares a las que ahora la Justicia federal le achaca a su ex subordinado.

Hace 13 años

Pero lo llamativo es que nada de lo que se conoció durante las últimas semanas es nuevo: un plenario de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro advirtió el 30 de agosto de 2007 sobre las irregularidades que se llevaban adelante en las causas en trámite.

Muchos años después de ese plenario, en 2016, la entonces diputada Elisa Carrió denunció a Scapolán ante el Jurado de Enjuiciamiento de magistrados de la provincia para reclamar su destitución.

El fiscal recién fue suspendido en sus funciones por la Suprema Corte de Justicia bonaerense hace un par de semanas, luego de que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, hubiera allanado la fiscalía de Scapolan y ordenara decenas de allanamientos.

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La acusación del fiscal federal Fernando Domínguez ubica a Scapolan como la cabeza de una organización integrada por policías, abogados y funcionarios judiciales a cometer toda clases de delitos y volver a introducir en el mercado drogas secuestradas en procedimientos judiciales.

Sino fuera por los fueros que lo protegen, Scapolan ya hubiera sido detenido, tal la suerte que corrieron los dos secretarios de su fiscalía. Pero el acusado no se quedó de brazos cruzados.

Ofensiva mediática

En las últimas horas lanzó una ofensiva en medios donde tiene buena llegada para argumentar que el fiscal federal Domínguez lo persigue porque justamente Scapolan había denunciado a su perseguir de vínculos con los narcos.

“Está desesperado”, comentó un conocedor de la interna tribunalicia de San Isidro en referencia a Scapolan y a su contraataque mediático, en medios como Infobae y en algunos canales de noticias.

En su pedido de juicio político, Carrió recordó que en 2013, trece agentes fiscales habían denunciaron a lo miembros de la Fiscalía General, encabezada entonces por Novo, por graves delitos y persecuciones a quienes no respetaban su directivas.

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En ese esquema Scapolan actuaba como uno de los hombres de confianza de Novo, quien terminó por renunciar a su cargo un par de años, luego de haber sido procesado en la justicia federal. 

Pero Scapolan sobrevivió en su cargo hasta ahora y acumuló poder al frente de una fiscalía especializada en delitos complejos primero y en casos de drogas después, los delitos más calientes que se producen en el áspero conurbano.

Respaldos políticos

Algunos especulan que no cayó hasta ahora gracias a sus respaldos políticos. Tanto Novo como Scapolán fueron considerados en su momento muy cercanos al ex intendente de Tigre Sergio Massa.

Pero los tiempos cambiaron: Massa es ahora el presidente de la Cámara de Diputados y uno los aliados que le permitió al peronismo volver a la Presidencia, después de los cuatro años de desastre del gobierno de la Alianza.

En el pedido de enjuiciamiento, Carrió sostuvo que Scapolan se dedicó a encubrir hechos delictivos, brindó impunidad a estamentos del poder local y realizó procedimientos que derivaron en la impunidad de casos graves de narcotráfico.

En esa línea, el fiscal Luis Angelini acusó a Scapolan, al igual que a Novo, de haber llevado adelante maniobras de entorpecimiento y obstaculización en la causa por los crímenes de dos colombianos en el estacionamiento del shopping de Unicenter.

Carrió recordó que además Scapolan fue acusado por un tribunal oral de haber ordenado a la policía que simulara una llamada telefónica en una causa por drogas para quedarse con ese expediente, cuando debería haberse tramitado en la justicia federal. Por ese motivo, la causa fue anulada.

En el pedido de jury, se recordó que un tribunal oral sostuvo que el fiscal encabezaba una organización ilegal que utilizaba los recursos del Estado para perseguir narcotraficantes, detenerlos y quedarse con las drogas que luego volvían a poner a la venta en el mercado ilegal.